Un año del desastre de Mariana: Peritos de ONU piden acciones compatibles al colapso

En un comunicado, la ONU destacó que las acciones del Gobierno y de las empresas responsables, las multinacionales Samarco, Vale y BHP Billiton, no han sido suficientes para resolver los impactos persistentes del «colapso letal de una presa de deshechos de minería». «N ecesitan acelerar el proceso de reasentimiento y garantizar que está de acuerdo con el marco internacional de los derechos humanos», dice la organización, que además muestra su preocupación con las resoluciones entre el Gobierno y las empresas sobre los derechos de la población, que no ha recibido ni indemnizaciones ni las casas prometidas.

Entre las pendencias de reparación están también la falta de «acceso seguro a agua para consumo humano, la contaminación de los ríos y la incertidumbre sobre el destino de las comunidades que salieron a la fuerza de sus casas».

«En la víspera del primer aniversario del colapso catastrófico de la presa, de propiedad de Samarco, instamos al Gobierno brasileño y a las empresas involucradas a dar una respuesta inmediata a los numerosos impactos que persisten como consecuencia de este desastre», dice la nota firmada por los peritos Dainius Püras, Michel Forst, Victoria Tauli-Corpuz y el brasileño Léo Heller , entre otros.

Según los especialistas internacionales, las medidas tomadas no responden a las dimensiones masivas de los costos humanos y ambientales del colapso, que intitulan como «el peor desastre socioambiental de la historia del país». «Después de un año, muchas de las 6 millones de personas afectadas , siguen sufriendo», afirman los peritos.

«Creemos que sus derechos humanos no están siendo protegidos en varios sentidos, incluyendo los impactos en las comunidades indígenas y tradicionales, problemas de salud en las comunidades en áreas fluviales, el riesgo de las subsecuentes contaminaciones de los cursos del agua, aún no recuperados, el avance lento de los reasentamientos y de la reparación legal para toda la población desalojada, además de relatos de que defensores de derechos humanos están siendo perseguidos por acción penal».

Los peritos piden al Estado brasileño que de «evidencias conclusivas sobre la seguridad de la calidad del agua de los ríos y de todas las fuentes utilizadas para el consumo humano, y que estas atiendan a los patrones legales aplicables». Según los investigadores, 700 kilómetros de cursos de agua estarían afectados, especialmente en el vital Rio Doce, como metales pesados y agua turbia por encima de los límites permitidos, y advierten que esas condiciones pueden empeorar en los próximos días, cuando comienza la temporada de lluvias, uno de los detonadores de la tragedia de un año atrás.