El no hogar de los que no cuentan

Las grandes extensiones de plantaciones, enormes mares de plásticos de los que emergen los característicos fresones que tiñen el verde paisaje costero de Huelva, tienen a su alrededor verdaderos cinturones de miseria. Como en las grandes urbes del mundo, en las que en pleno siglo XXI aún siguen creciendo las efímeras ciudades de chabolas, también en las inmediaciones de los campos, en los que se cultiva el denominado oro rojo, emergen asentamientos en los que otros plásticos cubren las vidas de miles de personas.

El cultivo de fresas, frambuesas y moras, uno de los principales motores económicos de la provincia de Huelva, garantía del progreso de sus municipios agrícolas, continúa siendo hoy un boyante negocio, que genera unas cifras que alcanzan los 400 millones de euros. Pero la crisis económica también pudo con el tradicional sistema de producción de los frutos rojos. En tiempos de bonanza, en los que los habitantes de estos municipios encontraban acomodo en otros sectores como la construcción o los servicios, en el campo primaba un exitoso sistema de contratación de personal. Lo desarrollaban las organizaciones agrarias y los empresarios en los países de origen de las personas que trabajaban en las distintas fases de la campaña agrícola. Paulatinamente, mientras la recesión cubría de incertidumbre el panorama laboral español y comenzaban a detenerse las enormes grúas de las obras en urbanizaciones que crecían al fondo de los campos de fresas, la contratación en origen se iba ralentizando hasta quedar completamente extinguida a favor de los temporeros locales. Ni siquiera este año se ha dispuesto de un cupo de reserva de trabajadores marroquíes o de países de Europa del Este.

La necesidad de retornar al campo, a un oficio que años atrás habían rechazado por la dureza de las condiciones en que se desarrolla, es patente desde 2008, fecha que todos indican como inicio de lo que se ha denominado la vuelta al campo. Lo cierto es que ya no hay sitio para todos. Para la campaña de plantación y recogida de fresas en la provincia de Huelva se necesitan muchas manos. La contratación de personal supera la cifra de 60.000 personas pero la mayor parte de ellos repiten año tras año beneficiándose del sistema de peonadas agrícolas y cobrando las prestaciones por subsidio agrario. Muchos de los que en su día llegaron contratados en origen ya se han establecido en España. Sus hijos han nacido aquí, gran parte de ellos incluso de matrimonios mixtos con madre extranjera y padre oriundo de estas tierras onubenses. Son los grandes afortunados. Llegaron añorando un futuro mejor y lo hicieron realidad. Pero hay otros muchos que no lo consiguieron y también se quedaron. La mayor parte de ellos llegaron en pateras, muchos siendo menores de edad, y tras su paso por los centros de internamiento alcanzaron la mayoría de edad pero no la formación necesaria para poder conseguir una correcta inserción laboral y social.

De esa otra realidad, de su presente y su futuro, nos habla Javier Pérez, coordinador regional del Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim), que trabaja cada día porque estas personas cuenten en nuestra sociedad. En Huelva, la sede de esta fundación benéfica está en Cartaya, municipio donde los levantamientos de inmigrantes no existen. Pero muy cerca de allí, en Lepe encontramos hasta cinco zonas de campamentos en los que la población residente se duplica estos días. «Urge trabajar en red. Lepe puede ser un buen ejemplo de esta labor. La población se vuelca a la hora de atender a estas personas, el Ayuntamiento a pesar de no tener competencias en la materia coordina muy bien toda la ayuda humanitaria que llega, e incluso la Guardia Civil cuenta con una brigada específica para atender las necesidades de estos campamentos».

Cepaim se ocupa de los más olvidados. Proporcionan alojamiento a los que están enfermos. Además de controlar su asistencia sanitaria, les acompañan en su dolencia y les facilitan el acceso a las intervenciones quirúrgicas y medicamentos que precisen. También es importante la labor de esta organización a la hora de coordinar el asesoramiento para legalizar la situación de la población indocumentada. En la mayor parte de los asentamientos, casi un 85 por ciento de las personas que allí malviven, carece de documentación legal para residir en España. En su día, tras pasar por los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que existen en nuestra comunidad autónoma, no pudieron ser repatriados porque no existen convenios con sus respectivos países. Fueron abandonados a su suerte y llegaron aquí buscando trabajo sin conocer que los elevados índices de desempleo imposibilitarían cualquier atisbo de esperanza para ellos. La ausencia de documentación les relega a los trabajos más duros.

El dinero en B que les puede llegar proviene de limpiar enormes cuadras, hogares más cálidos que los suyos y que se convierten en paradoja del desarrollo que ellos soñaron para vivir en España. Tan cerca, tan lejos de la población que disfruta de sus fiestas y romerías luciendo sus mejores galas y montando a caballo cerca de sus chabolas. Javier Pérez nos aproxima a la realidad de la poblaciónque ocupa antiguas naves de aperos abandonadas, chabolas levantadas en las inmediaciones de fincas agrícolas e incluso coches casi desguazados. «El perfil corresponde a una persona del África negra, con una edad comprendida entre los 19 y 45 años, muchos procedentes de otras campañas agrícolas de España, como Almería, Jaén o Lleida, y de los cuales tan solo un exiguo dos por ciento consigue empleo aquí en la fresa». Cepaim nos aproxima a las cifras de población de estos asentamientos.

Una densidad de población fija que supera las 1.200 personas en la provincia y que en estos días fácilmente se duplica. El comedor social de Lepe sirve cada día medio millar de comidas, además de ofrecer un servicio de aseo y ropa para estas personas. Desde Cáritas y el propio Ayuntamiento se coordina el suministro de mantas, víveres y medicamentos. Como subrayaba el coordinador Javier Pérez todo un ejemplo de solidaridad que aflora incluso cuando la crisis sacude las economías domésticas de las familias. El oro rojo reluce menos cuando proliferan situaciones tan dramáticas como la de los asentamientos, el no hogar de los que no cuentan, la metáfora más ruin del progreso.