El gobierno catalán reclama al Estado 8.600 millones de euros

Homs ha incluido en este cómputo las inversiones pendientes en infraestructuras, los ingresos finalistas, los recursos estatales no transmitidos por "deslealtad institucional" y las medidas adoptadas por el Estado que impiden aumentar los ingresos, como la impugnación de tasas como el euro por receta, los depósitos bancarios y las tasas judiciales.

"Estando sometidos a esta asfixia económica que ahora vengan -desde el Gobierno central- y digan que se pague a 30 días... no sé si es muy serio", ha criticado Homs en declaraciones a Catalunya Ràdio en referencia al proyecto del Ministerio de Hacienda de que el Estado asuma tributos cedidos a las autonomías si éstas superan, durante dos meses consecutivos, los 30 días establecidos por ley de plazo de pago a proveedores.

Homs ha apelado al Gobierno central a permitir que Cataluña gestione los tributos catalanes y entonces, ha dicho, la Generalitat "se vería con ánimo de pagar a 30 días".

El portavoz gubernamental ha dudado de que se llegue al extremo de "intervenir" a Cataluña si no cumple con los plazos de pago, en parte porque el Estado, ha dicho, tampoco "es precisamente muy puntual" en sus compromisos.