El Imserso reclama a la Junta 8 millones por «irregularidades» en dependencia

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la región es junto a Madrid y Cataluña u na de las tres comunidades donde más se detectaron descuadres en esta nueva inspección que completa a la que se conoció el pasado mes de enero y que fiscalizaba la gestión de la Ley de Dependencia. De acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas , cotejado después por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Castilla y León sería la segunda autonomía que tendría que devolver más dinero al Estado al regularizarse los casos sobre los que existían dudas, y que en su mayoría se corresponden a fallecimientos o duplicidad en las prestaciones, además de algunos casos relacionados con la prestación de teleasistencia. En concreto, Castilla y León tendría que devolver a la Administración central algo más de 7,9 millones de euros -el desfase total se eleva a 37 millones-, aunque no lo haría vía devolución como tal, sino que el procedimiento sería el de descontar del abono del nivel mínimo de financiación de la Dependencia lo que corresponda.

De los 1.233 nuevos expedientes sospechosos en Castilla y León, un 9,6 por ciento del total de España, 664 pertenecerían a casos en los que el beneficiario habría fallecido y sumarían 5,07 millones. A éstos habría que añadir otros 162 casos en los que no existe una certeza de su situación y que podrían haber dejado ya este mundo, que equivaldrían a 1,6 millones; otros doce expedientes estarían duplicados en el sistema informático que gestiona los datos de dependencia, lo que correspondería a un desfase de cerca de 50.000 euros; 46 expedientes pendientes de regularizar estarían relacionados con la prestación de teleasistencia (219.000 euros); en 300 casos se habría abonado cantidades superiores a las establecidas por el grado III nivel 2 (poco más de un millón de euros), y por último, en otros 47 expedientes sería el Estado el que adeuda algo más de 68.000 euros a la Comunidad. Una vez corroborado el informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad envió el pasado fin de semana una comunicación a los distintos departamentos autonómicos responsables de la atención a la dependencia, en el caso de Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dispondrá de 20 días para cotejar los datos y aceptar una propuesta de regulación.

No obstante, la cifra de expedientes sospechosos que el Ministerio ha comunicado finalmente a Castilla y León (1.233) es muy inferior a la que en un principio recogía el anteproyecto del informe remitido por el Tribunal de Cuentas, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. De acuerdo con este documento, había en la región un total de 2.447 casos pendientes de regularizar, una estimación que correspondía a 8,4 millones de euros. De ellos, 1.214 se regularon ya, lo que supone que una cuantía superior a los 500.000 euros ha sido resuelta ya entre administraciones. Los otros 1.233 expedientes restantes, no se pudieron incluir en el sistema y son los equivalentes a los 7,9 millones que ahora el Ministerio y la departamento dirigido por Milagros Marcos deben resolver.

No obstante, aunque la cuantía de este nuevo desfase en Dependencia es importante, sigue siendo mucho mayor la deuda que acumula la Administración General del Estado con la Junta durante el periodo 2008-2011, que asciende a 457 millones de euros, según expuso la propia consejera Milagros Marcos en la última Comisión de Coordinación Territorial del Gobierno autonómico. Según detalló entonces, de cada cinco euros que se destinan a la atención a la dependencia el Estado sólo pone un euro, es decir, el 80 por ciento lo pone el Gobierno regional frente al 20 por ciento del Estado.