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El régimen cubano duplica el número de presos políticos en diez meses

Día 23/01/2013 - 03.38h
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Los opositores encarcelados eran al menos 45 en marzo de 2012, ahora son noventa, según un reconocido grupo de derechos humanos

En solo diez meses, el régimen cubano ha duplicado el número de presos políticos en la isla comunista. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) denunció este martes que los disidentes detenidos en cárceles de alta seguridad han pasado de al menos 45 a 90 desde marzo de 2012.

La mayoría de los nuevos prisioneros políticos -alrededor de treinta- pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) del ex preso político José Daniel Ferrer, excarcelado a mediados de 2011 junto a otros miembros del llamado «Grupo de los 75» que se negaban a exiliarse en España. La Unpacu se ha convertido en un quebradero de cabeza para la dictadura de los Castro en las provincias orientales.

A los noventa presos políticos, la Ccdhr agrega a los dieciséis opositores excarcelados bajo la llamada licencia extrapenal -el caso de Ferrer-, que significa que en cualquier momento pueden volver a vivir en una celda bajo condiciones «crueles, inhumanas, degradantes e insalubres».

La Comisión Cubana advierte de que su lista adjunta no incluye el 100% de los prisioneros por motivos políticos debido al «carácter cerrado del régimen totalitario». Pero considera que el aumento de al menos 45 nuevos casos «reafirma al Gobierno de Cuba en el primer lugar, en el Hemisferio Occidental y en la mayor parte del mundo, por el número de personas condenadas por razones políticas».

Tras la excarcelación de todos los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra o «Grupo de los 75», los últimos en 2011, el régimen de Fidel y Raúl Castro apostó por una política represiva de «miles de detenciones anuales de corta duración».

Nueva táctica

Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión, describió a ABC la «nueva táctica», que consiste en acusar a los disidentes de «cualquier cosa»: «Desde sospechoso de perpetrar un robo o por sospechar que puede perpetrarlo. Solo por protestar, gritar una consigna o expresar una crítica contra el presidente, son acusados de desorden público (delito común), resistencia, desacato o atentado cuando están siendo apaleados y se protegen la cabeza con un brazo». «Orwelliano», remata Sánchez.

La Ccdhrn cifra la población penal entre las 60.000 y 65.000 personas, en un país de poco más de once millones de habitantes.

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