Los papeles de Zaplana desvelan el plan de blanqueo y los vínculos con Lezo

Esos papeles iniciales depararon otra sorpresa. En ellos aparecían también los nombres de dos bufetes uruguayos: la firma Caputi&Ventura y el abogado Fernando Belhot, responsable del bufete South Capital Partners. Belhot sería el punto de conexión con la operación Lezo , que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid y que llevó al expresidente Ignacio González a prisión. A Zaplana, que figuraba en un auto previo a las detenciones, no se le pudo imputar.

Los dos políticos pretendían comprar una sociedad al 50 por ciento en Uruguay a través del letrado uruguayo para blanquear las comisiones cobradas por González. Fueron grabadas varias conversaciones en el despacho que el abogado abrió en Madrid, pero « solo había una proposición para blanquear , sin delito antecedente» en el caso del político valenciano y «no se pudo ir más allá», señalan los investigadores, que ya le seguían los pasos -sin aparente relación- en la operación Erial.

«Sospechábamos que fue Zaplana quien le introdujo en España gracias a la infraestructura previa de sociedades que pudo montar para él», explican las mismas fuentes. Lo que no se logró en Lezo, parece haberse amarrado en la operación Erial . El rocambolesco hallazgo de los papeles se produjo durante el caso Taula.

En un registro de un despacho de abogados relacionado con Marcos Benavent -el principal confidente de esta macrocausa autodenominado como «yonki del dinero»- los agentes de la UCO encontraron unos escritos que nada tenían que ver. El exgerente de la empresa pública Imelsa explicó entonces que los custodiaba después de que le fueran entregados por un ciudadano sirio con quien mantenía una relación de amistad. Según su testimonio -que el martes ratificó ante la juez-, éste le trasladó que se los encontró en un falso techo de su vivienda de Valencia mientras realizada unas obras de reforma. El piso había pertenecido anteriormente a Zaplana.

La Guardia Civil abrió nuevas diligencias diferentes a las de Taula hace casi tres años y el caso Erial fue a parar al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga bajo secreto los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude.

Los papeles manuscritos incluyen la mecánica supuestamente utilizada por Zaplana, quien sería su cerebro. En total, se habría embolsado 10,5 millones de euros durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana -y después- mediante comisiones obtenidas después de conceder adjudicaciones públicas a varias empresas. Ese dinero lo ocultó posteriormente en paraísos fiscales para después tratar de que volviera a España y de que acabara formando parte de su patrimonio.

Las dos adjudicaciones públicas más importantes que supuestamente amañó Zaplana son la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997 y una parte del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana de 2003. Ambas recayeron en sociedades vinculadas a Sedesa y al grupo empresarial de la familia Cotino - Vicente Cotino , empresario y sobrino del ex director general de la Policía Juan Cotino, también fue detenido el martes-.

El foco está puesto en el segundo caso, un concurso destinado a grandes empresas eléctricas o a sus sociedades vinculadas. Uno de los ganadores resultó ser la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos para encargarse del desarrollo en varias zonas. La mercantil estaba participada por Endesa, Bancaja y Sedesa, controlada por Vicente Cotino, quien acabó vendiendo sus participaciones e, incluso, algunos de los parques eólicos a importantes empresas. Unas operaciones con las que obtuvo millones de euros en plusvalías .

Las comisiones percibidas por Zaplana acabaron en países como Panamá y Uruguay y fueron desviadas después a Luxemburgo, antes de reintegrarlas a España a través de su trama de blanqueo formada por amigos e íntimos colaboradores. El exministro, que pidió ayer su libertad por la enfermedad que padece -tuvo que ser atendido en el hospital- comparece hoy ante la juez.