Eduardo Zaplana ayer a la salida de su vivienda - Rober Solsona

Unos papeles de la operación Taula contra Rita Barberá, origen del caso contra Zaplana

El expresidente de la Comunidad Valenciana ocultó en Luxemburgo 10,5 millones de las «mordidas»

Madrid/ValenciaActualizado:

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana no llegó a salir ayer del garaje de su casa en pleno centro de Valencia. Cuando iba a hacerlo, poco después de las ocho de la mañana, para acudir a una cita médica, se encontró a una pareja de agentes de la Guardia Civil, que lo esperaban para detenerlo.

La UCO llevaba meses investigando si el expresidente de la Comunidad Valenciana se embolsó 10,5 millones de euros durante sus años al frente del Ejecutivo (e incluso después) a cambio de concesiones públicas; si ese dinero lo ocultó en varios paraísos fiscales a nombre de terceros y si después esas «mordidas» volvieron a España para reinvertirse y acabar formando parte del patrimonio del que fue ministro de Trabajo del presidente Aznar.

Investigacion a Barberá

Los documentos encontrados en algunos de los registros confirman, según ha podido saber ABC, los indicios con los que trabajaban los investigadores. No solo eso, sino que ya se ha logrado localizar una parte importante de los fondos que habían sido blanqueados a través de una trama formada por allegados de Zaplana.

La operación «Erial» -en la que han sido detenidas siete personas- tuvo su origen en un hallazgo casual durante la operación «Taula», en la que se investigó a Rita Barberá y sus concejales. Durante el registro de un despacho de abogados relacionado con el «arrepentido» Marcos Benavent, el «yonki del dinero» según se autodefinió, la UCO encontró unos documentos que no guardaban relación ni con esos hechos ni con ninguna de las personas afectadas por la causa.

Benavent contó entonces que esos papeles se los había entregado en 2012 un sirio y aseguró que solo estaban bajo su custodia. Localizado el sirio, se confirmó cómo se habían obtenido los documentos y cómo se los había entregado a Benavent.

El hallazgo era tan importante que motivó una nueva denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción en los Juzgados de Valencia. Esos papeles obtenidos por azar reflejaban licitaciones públicas y exponían operaciones societarias relacionadas con esas adjudicaciones fraudulentas e incluso aparecían personas físicas y jurídicas. La causa recayó en el Juzgado número 8 y en ella se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, entre otros.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tienen puesto el foco en el afloramiento de las comisiones que habrían sido entregadas a Zaplana por los empresarios que se beneficiaron de los contratos públicos bajo sospecha.

Plan Eólico e ITV

Las dos adjudicaciones públicas más importantes investigadas son la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997 y una parte del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en concreto una concesión de 2005. Ambas recayeron en sociedades vinculadas a Sedesa y el grupo empresarial de la familia Cotino. A cambio de esas dos concesiones millonarias, Zaplana habría cobrado 10,5 millones de euros.

Las investigaciones han revelado las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo para adjudicar los contratos investigados, han permitido identificar a sus responsables, determinar cómo se pagaron las comisiones y cómo se blanquearon los beneficios a través de sociedades y testaferros. Y lo más importante: se ha logrado localizar una parte fundamental del dinero negro en Luxemburgo.

Varios agentes de paisano se trasladaron ayer a la Consejería de Economía con una orden judicial y requirieron documentación relacionada con los citados contratos. Uno de los expedientes que solicitaron fue el de explotación de la concesión administrativa de las ITV (servicio que se privatizó en 1997), unas adjudicaciones que fueron concedidas a la familia Cotino cuando Zaplana se encontraba al frente de la Generalitat.

Concretamente, se apunta a Vicente Cotino, empresario y sobrino del exdirector general de la Policía Juan Cotino, quien también fue detenido ayer. Este empresario es uno de los nueve que acaba de pactar con la Fiscalía tras reconocer que pagaron 1,2 millones en negro para saldar la deuda del PP valenciano con la trama Gürtel.

Los agentes requirieron igualmente el desarrollo y ejecución del Plan Eólico (adjudicación que se produjo en 2003), realizado por Zaplana durante su segunda legislatura para el impulso de las enegías renovables. El foco está puesto en la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la cual resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico en varias zonas. La mercantil estaba participada por Endesa, Bancaja y Sedesa, controlada por Vicente Cotino, quien acabó vendiendo sus participaciones a Iberdrola.

Sobre Juan Cotino se sabe que será llamado a declarar primero por los investigadores y después por el juez como investigado. No se le ha detenido, pero hay indicios que lo apuntan.

El resto de personas arrestadas e investigadas, entre ellas la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, forman parte en principio de la trama para blanquear las «mordidas» y reintegrar los fondos en el sistema legal a través de distintos mecanismos.

Los dos Audi de Zaplana

Se trata del jefe de Gabinete durante el mandato de Zaplana, y mano derecha suya, Juan Francisco García (era presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones bajo sospecha); Joaquín Barceló (exdirector general de Turismo de la Generalitat y alto cargo en Terra Mítica) y su mujer Felisa López (ambos relacionados con la trama societaria para repatriar fondos desde Luxemburgo); Francisco Grau, asesor fiscal y financiero y vinculado a la CAM y otro socio de una de las sociedades que pagó comisiones.

La Guardia Civil realizó ayer una veintena de registros en Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona. Se llevó los dos Audi de Zaplana y por la tarde se trasladó a su chalé de Benidorm.