Claves de la investigación del caso ERE en el Tribunal Supremo

En total son cinco aforados nacionales los que está investigando el Supremo por los delitos que ya se mencionaban en el auto en el que el Supremo se declaró competente para instruir la causa cuando así se lo pidió la juez Alaya: prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los exconsjeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, y el exconsejero de Empeo José Antonio Viera .

De momento ya han declarado dos ante el juez Alberto Jorge Barreiro: Viera y Griñán. El martes 14 lo hará Manuel Chaves; el jueves 16, Gaspar Zarrías, y, por último, el martes 21, Mar Moreno. Después de escucharles y de estudiar todos los informes que obran hasta ahora en la causa, el juez decidirá si sigue adelante con la investigación, lo que le exige pedir el suplicatorio a las Cámaras.

La exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo para que éste se hiciera cargo de los aforados nacionales es demoledora. Dice la magistrada que «desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, se organizó un sistema (de 2000 a 2012) que permitía disponer de importantes cantidades de dinero (855 millones) para efectuar esos pagos sin sujetarse al control propio de las subvenciones». Dice Alaya que tanto los cargos inferiores como los superiores de la pirámide «conocían y participaban» en ese sistema.

El instructor del caso de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, ha dejado claro a los cinco exaltos cargos que investiga que si no fuera por su condición de aforados todos ellos estarían en la causa principal que investiga la juez Alaya. Nada les diferencia de ellos y los hechos que se les reprochan son en esencia los mismos que los del resto de imputados. Así lo señaló el magistrado en el auto en el que el pasado 23 de marzo rechazó sendos recursos de Zarrías y de Chaves. Ambas causas (la de Alaya y la del Supremo) comparten «las consecuencias que el sistema implantado generó en los fondos públicos de la Comunidad Autonóma de Andalucía». En esa misma resolución recordaba que, junto a la modalidad de la autoría, «caben otras formas de participación». Por cooperación, complicidad o por simple omisión, los exaltos cargos de la Junta también se la juegan.

La declaración del primero de los cinco aforados -el exconsejero de Empeo José Antonio Viera- el pasado martes transcurrió conforme a lo esperado. Pese a ser el responsable de Empleo, desde donde, según Alaya, se ideó la estrategia defraudatoria- y consagrar con su firma las partidas irregulares en el año 2001, Viera se presentó ante el juez como un maestro sin conocimientos jurídicos que firmaba todos los papeles que le ponían delante. Descargó en sus subordinados, en concreto, en su director general, Francisco Javier Guerrero, toda la gestión de los fondos de los que, según Alaya, el propio Viera dispuso «de forma absolutamente libérrima».