Ocho medidas contra la corrupción

Entre las medidas propuestas figuran la reforma de la Ley del Suelo, la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos, la reducción del número de aforados y la dotación de medios adecuados a los funcionarios que combaten la corrupción.

El comunicado conjunto ha sido suscrito por las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Entre sus propuestas para combatir la corrupción y por la regeneración democrática figura también la de evitar «inaceptables injerencias» del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

A su juicio, los partidos políticos «de uno y otro signo» han tratado «de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber de juzgarles». Al mismo tiempo, denuncian que el presupuesto destinado a la Justicia «dista mucho del existente en países de nuestro entorno».

Proponen el incremento «inmediato» del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea y la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, reclaman un refuerzo de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de corrupción, como son las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.

Además de la instauración de un nuevo modelo procesal penal, «apto y eficaz» para combatir «los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción», proponen también la revisión del Código Penal «a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos».

Defienden asimismo la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

Otra de la medidas que proponen es la reducción del número de aforados en el ámbito político y «la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo».

Finalmente, defienden la reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública «para lograr una mayor transparencia en su ejecución».