«La incorporación de 282 jueces para luchar contra la corrupción es una medida falaz»

Para el portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, esta medida «no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción», sino que se trata de evitar el desequilibrio entre el número de jueces en activo y sus plazas. «No son nuevos juzgados», insiste. En este sentido, señala que la reubicación de los togados «agilizará la carga de trabajo pero no tiene nada que ver (con la corrupción). Las dos únicas que pueden tener relación serían las de la Audiencia Nacional», apunta, en referencia a las dos plazas de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los casos de este órgano pero no de instruirlos.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, al destacar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «no está diciendo la verdad» cuando vincula las casi 300 plazas con la lucha contra esta lacra. El decreto del Ejecutivo no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación «irregular» de expectativa de destino, pues no tienen asignado un órgano judicial propio y se encuentran reforzando otros juzgados.

A juicio de JpD, el Gobierno lleva dos años anunciando medidas contra la corrupción , pero «sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos». Por este motivo, la asociación cree el nuevo anuncio es una «cortina de humo» más. Son necesarios, dice, «cambios estructurales», como la limitación de la «amplia discrecionalidad de la Administración Pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas».

Por último, Foro Judicial Indendiente recuerda que la creación de esas casi 300 plazas «no responde a ninguna política del Gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad».

«Como hemos dicho muchas veces, la ausencia de mecanismos efectivos de control y la fagocitación por parte de los partidos políticos de instituciones y esferas que debieran serles ajenas, han convertido al Poder Judicial en la última, y a veces única, fuerza de choque contra la corrupción», subraya.

La asociación aboga por que el Poder Ejecutivo dote al Poder Judicial de los medios necesarios para ejercer su labor con «eficacia e independencia», y se ponga fin a las injerencias políticas que lo arrinconan como medio de salvaguardar la imprescindible separación de poderes, garantía del Estado de Derecho propio de la sociedad democrática que pretendemos ser».