Las medidas contra la corrupción, a examen

Continuarán el jueves, en sesiones monográficas de mañana y tarde dedicadas al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado y a medidas anticorrupción en el ámbito penal, respectivamente.

Para la primera está previsto que intervengan los catedráticos de Derecho Administrativo Andrés Betancor Rodríguez, Marcos Vaquer Caballería y Agustí Cerrillo i Martínez, mientras que en el segundo caso los diputados podrán oír el parecer de los expertos en Derecho Penal Javier Gómez Lanz y Jacobo Dopico Gómez-Aller.

La idea es que las comparecencias no se prolonguen demasiado en el tiempo para poder empezar a negociar sobre medidas concretas , ya que el Gobierno y los grupos parlamentarios se dieron de plazo hasta final de año para tratar de cerrar un acuerdo.

Todos coincidieron en la necesidad de buscar fórmulas para regenerar la democracia y mejorar la imagen pública de las instituciones y, con ese objetivo en mente, pensaron que lo primero era fijar un calendario de comparecencias de expertos en la materia.

Después de esta fase, se creará un grupo de trabajo dentro de la Comisión Constitucional que podrá ir cerrando los temas a tratar y buscando acuerdos en cada uno de ellos con el fin de intentar un pacto final.

Pese a esta voluntad, los grupos parlamentarios han puesto en duda la credibilidad y la legitimidad del Gobierno del PP para liderar un pacto contra la corrupción sin haber dado «ninguna explicación» sobre casos como Gürtel o Bárcenas.

Los dos proyectos de ley nucleares del plan de regeneración democrática que el Gobierno ha puesto sobre la mesa incluyen publicitar las cuentas y subvenciones de los partidos en su web, además de la obligación de la comparecencia parlamentaria del tesorero.

Asimismo, se prohíben completamente las donaciones de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica pero que no son personas físicas a los partidos y que los bancos condonen las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses .

Si se aprueban finalmente estos proyectos, los condenados por delitos especialmente graves, como el terrorismo, no podrán ser cargos públicos mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

Igualmente, se regulará el régimen retributivo, de protección social y de compensación tras el cese de cualquier alto cargo y se reforzará el control y las limitaciones en los gastos de representación.