El guardia civil detenido por soplón no puso en peligro la operación

El agente está destinado en la Sección de Apoyo Técnico de la Unidad Central Operativa (UCO), que se encarga entre otras cuestiones de los seguimientos de los sospechosos y de sacar fotografías y grabar vídeos de los objetivos que previamente marcan los investigadores. Al tratarse además de un guardia civil sin más responsabilidades en esa sección, no conocía los entresijos del caso, aunque sí supo que se estaban haciendo gestiones sobre Francisco Granados y decidió ponerlo en su conocimiento.

Los responsables de las pesquisas sabían que el exnúmero dos del PP de Madrid tiene muy buenas relaciones en el Instituto Armado. Esa fue una de las razones de que se fuera especialmente cauteloso en todo lo referente a esta investigación, que por otra parte se ha llevado con la máxima discreción por el Grupo de Fraudes contra la Administración de la UCO. De hecho, y a pesar de la gran cantidad de objetivos -se programaron 35 detenciones simultáneas para el lunes-, no hubo filtraciones de ningún tipo.

Los investigadores tenían intervenidas desde hace tiempo las comunicaciones de Francisco Granados, de modo que conoció prácticamente en tiempo real el momento en el que se produjo el soplo y quién lo había hecho. A partir de ahí fue muy sencillo neutralizarlo.

Algunas fuentes precisan que la relación entre este agente de la UCO y Granados era a través de un amigo en común de Valdemoro, y que no tenían una relación fluida. Fue en un encuentro entre ambos cuando el agente se lo advirtió y Granados se mostró sorprendido.

Mientras, ayer comenzó el desfile de detenidos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Estaba previsto que comparecieran 17 de los arrestados , entre ellos los seis alcaldes de municipios madrileños acusados de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos de obras y servicios. En el conjunto de España, y solo en los últimos dos años, las arcas municipales y regionales habrían sufrido un quebranto de 240 millones de euros. También iban a ser interrogados los directivos de la empresa Cofely, beneficiaria de muchas de las adjudicaciones sospechosas invesigadas por la Guardia Civil.

Al cierre de esta edición aún no se conocía la situación en la que habían quedado estas personas. Anticorrupción tenía previsto pedir fianzas, que podrían llegar hasta los 50.000 euros, informa Luis P. Arrechederra. para los alcaldes y el resto de detenidos, además de otras medidas cautelares. No obstante, esa previsión inicial podría ser luego modificada en función de los resultados de los interrogatorios, por lo que hasta el final de las declaraciones, que podrían prolongarse más allá del cierre de esta edición, la Fiscalía no tomaría la decisión definitiva.

De la misma forma el juez no iba a comunicar su decisión sobre la situación de los detenidos y si quedan en libertad, ingresan en prisión o se adopta otro tipo de medida cautelar (fianzas, comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o prohibición de salir de España) hasta que prestasen declaración todos los arrestados puestos ayer a disposición judicial.

Hoy será el turno del resto, entre ellos los principales implicados como el ya citado Granados, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martín, y los dos «conseguidores» de la trama, los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca.

Las fuentes consultadas aseguran que las intervenciones telefónicas han aportado datos de enorme interés para las investigaciones, que junto con la documentación intervenida constituyen la principal prueba de cargo contra estos implicados. En el caso de Marjaliza y De Pedro, además, se cuenta con otra prueba importante contra ellos, como son los 132.000 euros y los 20.000 dólares que se les intervino en los registros, lo que es un indicio importante del delito de blanqueo de dinero. Según ha podido saber ABC, el primero de ellos llevaba en su coche 25.000 euros.