La trama corrupta hizo adjudicaciones por valor de 250 millones de euros

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La operación, que se denomina Púnica, está teniendo lugar en Madrid, Murcia, León y Valencia. Hay 259 órdenes de registros, entre ellos el domicilio de Granados y los ayuntamientos madrileños de Parla y Valdemoro. El número de detenidos es de 51 por el momento, muchos de ellos empresarios y constructores. Además, se han cursado 400 mandamientos para el bloqueo de cuentas y el embargo de 30 vehículos de alta gama de los principales investigados. Entre los arrestados, además de Granados, están varios alcaldes de localidades de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acusa a Granados entre otros hechos, de haber tenido una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros hasta 2012, supuestamente surtida de dinero que cobraba comisiones al frente del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid). Ese depósito fue descubierto a inicios de 2013 cuando, al cancelar la cuenta, las autoridades helvéticas comunicaron a España el cierre de la misma.

La cuenta del también exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de Aguirre en la sucursal helvética del BNP Paribas fue descubierta en las navidades de 2012 durante los rastreos rutinarios del Ministerio de Justicia de Suiza cuando canceló de golpe todo el depósito y se llevó todo el dinero en metálico. La cuenta estaba a su nombre. Nunca utilizó testaferros o sociedades pantallas como se suele hacer en estos casos.

Granados, quien también fue senador popular, fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003 y tras conocerse la existencia de su cuenta dimitió de todos sus cargos el pasado mes de febrero. No obstante, desde 2011, Esperanza Aguirre comenzó a romper lazos con Granados, que fue paulatinamente apartado de los puestos más visibles.

El ahora detenido, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, habría formado parte de una red corrupta de empresarios que pagan a políticos a cambio de recalificaciones y adjudicaciones de obras públicas en Madrid.

La macrorredada contra la corrupción estuvo a punto de frustrarse porque un guardia civil le chivó a Granados la operación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la operación de hoy va dirigida contra “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas”.

La corrupción se hacía en torno a dos conseguidores David Marjaliza, del entorno de Granados y Alejandro de Pedro Llorca. Ellos dos eran los enlaces entre las empresas y los políticos.

La investigación se inició –recuerda Anticorrupción- “gracias a la cooperación internacional”, en enero de este año con la “recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas” (la cuenta de Granados) por “sospechas graves de blanqueo”.

Velasco abrió diligencias en junio de este año por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Tras aparecer a la luz pública la existencia de su cuenta a principios de año, Francisco Granados terminó reconociendo que efectivamente había tenido un depósito en Suiza entre 1996 y 2000, aunque negó haber ingresado o sacado dinero de esa cuenta durante los años que ocupó cargos públicos.