La «guerra» de las cartas por la consulta

Por ello, Llanos de Luna explica en la carta, con fecha 6 de octubre, que la suspensión «como dicen las providencias de admisión a trámite de los respectivos recursos de inconstitucionalidad» presentados por el Gobierno español «impide la adopción o ejecución de cualquier acto en aplicación de los mismos, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella».

Añade la delegada del Gobierno que «todos los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y de colaborar en su ejecución», por lo que se pone a disposición de los secretarios e interventores «para cualquier cuestión que sobre este particular estime oportuno o necesario plantear, en la certeza de que dicha cooperación contribuirá a asegurar que el respeto al ordenamiento jurídico sea el parámetro de actuación de todos los poderes públicos de Cataluña».

Pero los preparativos continúan y ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta y que darían apoyo a la Comisión de Control del 9-N. Cada una está formada por cinco personas y se reparten por siete zonas geográficas. El decreto, firmado por el presidente Artur Mas, se publicó el día después de que la Abogacía del Estado impugnara ante el TC la Comisión de Control.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital), Maria Petra Sáiz, se dirigió por carta el día 1 de octubre a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que también piden instrucciones sobre el 9-N tras la suspensión del TC, aunque dejan claro que son «plenamente conscientes del momento histórico que estamos viviendo». En este sentido, recuerdan el pasado 18 de noviembre de 2012, este Consejo adoptó un acuerdo en favor del derecho a decidir. «Le pido tenga a bien emitir las instrucciones oportunas sobre las actuaciones a realizar por los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de los ayuntamientos de Cataluña mientras dure la suspensión» de la convocatoria de la consulta, así como «de los actos preparatorios de la misma, a fin y efecto de dotar de seguridad jurídica la actuación de los alcaldes y de los funcionarios de los ayuntamientos de Cataluña», indica.