CiU irrita a ERC al poner fecha límite para decidir sobre la consulta del 9-N

Con la ley y la convocatoria de la consulta suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC), en la Generalitat se admite que, más allá del veto legal, habrá un problema logístico, organizativo, para desarrollar la votación si los preparativos se mantienen congelados.

Así lo admitió ayer el consejero de Gobernación y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que además puso una fecha límite, el próximo miércoles 15 de octubre, para tomar una decisión sobre la votación. El enfado en ERC, donde se dijo no saber nada de plazos, fue mayúsculo, acusando los republicanos al gobierno de Artur Mas de especular con la «data de defunción» de la consulta.

En este contexto, Homs asumió que si no hay levantamiento de la suspensión cautelar, la decisión de poner las urnas o no el 9 de noviembre no se puede adoptar el día «7 o el 8» de noviembre, sino «alrededor del 13, 14 y 15» de octubre, con tiempo suficiente para hacer campaña, por ejemplo. Otros aspectos de tipo logístico son también determinantes. En estas semanas, por ejemplo, habría que confeccionar un listado de funcionarios dispuestos a jugarse el puesto y a desobedecer participando en una consulta prohibida.

El decreto de convocatoria de la consulta -suspendido por el TC- fija también algunos plazos de aplicación que de otro modo se agotarían, algo sin embargo que la Generalitat afronta con una elasticidad a conveniencia. Ayer, por ejemplo, se anunció que el procedimiento para que los extranjeros residentes se inscriban para votar en la consulta se ha reabierto, y que, además, el plazo para hacerlo, que concluía hoy, va a ampliarse. En la misma línea de avanzar en los preparativos, burlando lo dictado por el Constitucional, ayer se celebró una reunión técnica en el departamento de Gobernación para buscar fórmulas con los que no detener el proceso.

Pese a estos gestos, comienza a extenderse la idea de que el próximo miércoles, ante la seguridad de que el TC no va a levantar la suspensión de la votación, la Generalitat alegará problemas logísticos para anunciar que el 9-N no habrá consulta. Intentará así el gobierno de CiU no moletar a ERC, asegurando que la suspensión no es por acatamiento a lo dictado por el TC sino por aspectos organizativos, a la vez que se evitan las consecuencias legales de lo que entonces sí sería un delito de prevaricación o desobediencia flagrante.

Si ya ha trascendido que en la reunión del viernes la tensión fue palpable entre el bloque desobediente —ERC y la CUP— y el resto, la división se hizo aún más visible ayer tras las palabras de Homs. La portavoz republicana, Anna Simó, aseguró que «nos ha desconcertado que Homs ponga una fecha de posible defunción de la consulta después de una reunión que acabó con muchas esperanzas, y en la que fueron acordadas todas las garantías democráticas para hacerla posible»

Desde ERC, en este sentido, se afirmó que no se cree que haya habido nada que justifique una alteración de lo acordado, por lo que su partido pedirá a Homs que aclare sus palabras. Para Simó, el anuncio de Homs poniendo fecha para tomar una decisión ha «descolocado mucho» a ERC.

Ahora mismo, en la política catalana todo es confusión, cuando no directamente engaño. Así, cuaja la idea de que las apelaciones a la unidad, y el aparente compromiso de CiU con el 9-N, son solo una estratagema para ganar tiempo y comprometer a ERC en la confección de una lista única. Juramentados en apariencia a favor del 9-N, pero en realidad preparando el terreno para unas elecciones anticipadas, CiU sigue jugando a la confusión.