Las reformas de Gallardón dejan la Justicia dividida entre sus partidarios y sus detractores

En su primera comparecencia en sede en el Congreso de los Diputados, Gallardón ya advirtió a los oyentes de que su mandato no pasaría desapercibido y prometió una auténtica revolución judicial bajo su liderazgo . La Ley Orgánica del Poder Judicial en la que trabaja el Gobierno es la mejor prueba de este afán renovador del ministro: propuso la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, Tribunales Superiores de Justicia tendrán más competencias y se pretende varios magistrados asuman la instrucción de una causa como medida para acabar con «los jueces estrella».

Gallardón también se adentró de lleno en el corazón de este tercer poder constitucional modificando su «órgano de control» en la Reforma del Consejo General del Poder Judicial , que provocó la manifestación y el malestar de jueces y fiscales. Modificó la elección de los magistrados en el que el único requisito actual para ser vocal del CGPJ es obtener el aval de 25 miembros de carrera o el de una asociación. Además, solo los seis vocales que integran la Comisión Permanente, el presidente y el vicepresidente, tendrán dedicación exclusiva y un sueldo.

Uno de sus proyectos más laureados desde todos los flancos fue la creación del Estatuto de la Víctima, que da cobertura a todo tipo de damnificados, desde víctimas de la violencia de género hasta los fallecidos y heridos en las grandes catástrofes, así como las víctimas del terrorismo. Recurrir la obtención de permisos penitenciarios de sus agresores o evitar el contacto entre las víctimas y sus familiares con los delincuentes en los juicios son algunas de las novedades de esta protección reforzada .

La posibilidad de introducir en el Código Penal la prisión permanente revisable causó un debate público y mediático sobre su compatibilidad con el Estado de Derecho español y con las leyes europeas. Esta medida supondría que los condenados por delitos muy graves tuvieran que cumplir íntegra su condena durante un periodo de entre 25 y 35 años.

Tampoco verá finalizada su reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal , que elimina la figura de imputado (para evitar en la medida de lo posible los juicios mediáticos) o limitar a un mes del secreto de sumarial. Ningún ministro de Justicia se ha atrevido a hacer una reforma tan profunda desde su creación en 1882, lo que le ha granjeado alabanzas y críticas a partes iguales.

Sin duda, la implantación de tasas judiciales ha sido otra de las modificaciones más polémicas del exministro y ha sido una de las cuestiones que más protestas ha provocado tanto en la población como en la propia carrera judicial. Posteriormente, el Gobierno rebajó los criterios de la Ley de Tasas y liberó del pago del total de las tasas a las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo , o en la condena a costas a pagar a la entidad bancaria en los desahucios.