La ley del Poder Judicial, el Código Penal, las tasas... la pesada mochila de Gallardón

Gallardón implantó las tasas judiciales como un primer paso para «garantizar más la justicia gratuita» y permitir que quienes no tengan recursos puedan acudir a los tribunales, además de ayudar a desatascar los juzgados. La reforma aumentó entre 50 y 750 euros el pago para poder recurrir las resoluciones de los jueces. Quedaban exentos de tasas los procesos monitorios y verbales que en el ámbito civil se refirieran a cuantías por debajo de los 2.000 euros. Los grupos de la oposición y organizaciones judiciales criticaron esta reforma, aprobada en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP. El Gobierno aprobó después, en febrero de 2014, una reducción del 80% de las tasas a pagar por las personas físicas, de forma que pasara del 0,50% con un límite de pago de 10.000 euros, al 0,10% con un tope de 2.000 euros.

El Gobierno, a instancias del titular de Justicia, modificó el sistema de elección de los magistrados : cualquier juez puede ahora presentar su candidatura a vocal del CGPJ con aval de 25 miembros de carrera o el de una asociación judicial. Pasan a tener dedicación exclusiva y sueldo sólo los seis vocales que integran la Comisión Permanente, el presidente y el vicepresidente. Los otros doce miembros ahora no tiene salario. Para evitar bloqueos, se ha simplificado el sistema de mayoría para tomar decisiones salvo en decisiones especiales. La reforma tuvo muy mal acogida entre jueces y fiscales que se manifestaron en las calles de ciudades de toda España el 23 de noviembre de 2012 y realizaron un paro en febrero de 2013.

El elemento más novedoso del Código Penal de Gallardón es la introducción de la prisión permanente revisable. Esta figura, que se aplicará a los delitos considerados muy graves, supondrá el cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un periodo de entre 25 y 35 años. Sólo a partir de entonces el reo podrá obtener la libertad condicional. Esta ley llegó a las cortes en septiembre de 2013 y sigue en el proceso de tramitación parlamentaria. El matrimonio forzado será delito, igual que la incitación al odio o a la violencia de motivos racistas. Cualquier acto sexual con menores de 13 años será delito y la difusión de imágenes íntimas será castigada con un año de prisión. Para descargar de trabajo a los juzgados, las faltas que no merecen reproche penal desaparecerán del Código Penal y se perseguirán por la vía civil o mediante la Ley de Seguridad Ciudadana , impulsada por el Ministerio del Interior.

El Ministerio de Justicia trabaja en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende lograr una justicia «más ágil y capaz de satisfacer las pretensiones de los ciudadanos». Entre las medidas presentadas por Gallardón al Consejo de Ministros se incluye reducir el número de aforados . Otra novedad es la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia cuya sede oficial estará en la capital de provincia. Los Tribunales Superiores de Justicia tendrán más competencias al asumir las que tenían las Audiencias Provinciales en materia civil. La ley también actuará contra los «jueces estrella» : varios magistrados, en lugar de uno, participarán en la investigación de una sola causa. Este anteproyecto, que tiene más de seiscientos artículos, ha pasado por el Consejo de Ministros y está a la espera de los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal.

Gallardón pretende renovar una ley que data de 1882. Es una reforma muy ambiciosa. Los anteriores ministros se limitaron a actualizar la actual legislación. Justicia propone que la figura de imputado sea sustituida por la de encausado. Con esta ley, el Ministerio Fiscal pasaría a instruir casos, en lugar del juez de instrucción. La Policía Judicial quedaría encuadrada en el Ministerio Fiscal y se restringirían las competencias de los jurados. Otra medida sería la limitación a un mes del secreto de sumario. Sin embargo, parece que el departamento que dirige Gallardón no tendrá tiempo para sacar adelante la ley en esta legislatura. Su tramitación va más atrasada que Ley Orgánica del Poder Judicial y es más compleja.

El ministro de Justicia presentó en el Consejo de Ministros la Ley de Protección de la Vida del Concebido que limitaba el aborto a dos supuestos: la violación o la existencia de grave peligro para la madre. Gallardón eliminaba con esta nueva legislación el aborto libre en las primeras 14 semanas de la ley de Aído. La medida fue muy criticada por la oposición y asociaciones civiles. El CGPJ recomendó al Gobierno despenalizar el aborto en el supuesto de malformación incompatible con la vida. En julio de este año, siete meses después de ser aprobada en el Consejo de Ministros, Justicia se abre a limitar a un mínimo de treinta días las anomalías del feto en que será legal abortar. Gallardón ha defendido la validez de una medida incluida en el programa electoral del PP y se comprometió a que estaría aprobada antes de que acabase el verano. El Gobierno, aunque no lo ha hecho oficial, se inclina por aparcar la ley. El titular de Justicia se plantea dimitir si Rajoy opta finalmente por desacreditarlo con el aborto.