La Diada, el recuerdo de una derrota

Tras morir en 1700 sin herederos Carlos II, el último de los Austria, Francia presentó la candidatura para la corona española de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, el todopoderoso 'rey Sol'; Gran Bretaña, Países Bajos y los estados de Europa central propusieron al archiduque Carlos de Austria. España se dividió y a favor de Felipe V se alinearon Castilla, País Vasco y Navarra; Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca apostaron por el pretendiente austracista.

La lucha de los catalanes fue, pues, por sentar a su rey en el trono de España. El archiduque se había comprometido a respetar la secular autonomía de Cataluña, con instituciones propias de Gobierno y capacidad de aprobar leyes propias. El borbón Felipe V, en cambio, encarnaba el centralismo absolutista al estilo del instaurado por su abuelo en Francia.

Tras doce años de lucha, en 1713 Carlos de Austria renunció a sus pretensiones a cambio de importantes beneficios territoriales a costa de España plasmados en el tratado de Utrecht. Las instituciones catalanas, sin embargo, decidieron proseguir la guerra en solitario, pero lo hicieron en medio de una gran división interna.

Las tropas de Felipe V dejaron a Barcelona como el último bastión rebelde. A falta de un ejército profesional, la defensa de la ciudad corrió a cargo de sus moradores, la cuarta parte que los soldados del ejército borbón. Los comandantes de la defensa fueron Antonio de Villarroel y Rafael Casanova, hoy héroes de la causa independentista. En la madrugada del 11 de septiembre se inició el asalto final. Con la ciudad al límite de su resistencia, el duque de Berwick, jefe de las tropas de Felipe V, lanzó un ultimátum. O Barcelona se rendía o pasaría a todos sus defensores a cuchillo. Las autoridades de la ciudad optaron por la capitulación y evitaron un baño de sangre.

La victoria de Felipe V trajo aparejadas duras represalias personales y políticas para los derrotados. Se aprobaron los decretos de Nueva Planta para Cataluña, que conllevaron la supresión de la Generalitat, las Cortes y la prohibición de reclutar milicias populares. El castellano pasó a ser lengua oficial de la administración en detrimento del catalán, aunque no se llegó a prohibir su uso.