Así funciona la Justicia en otros países

Esa práctica contagia agilidad al resto del sistema, de forma que en situaciones de urgencia pública, como fue el caso de estafa millonaria de Bernard Madoff, en medio de la crisis financiera, existe un compromiso de Ministerio Público y judicatura de acelerar los procedimientos. Después de que estallara el escándalo de su estafa pidamidal y se realizaran investigaciones, Madoff fue acusado formalmente y detenido el 11 diciembre de 2008. Solo unos meses después ya tenía sentencia firme: el 29 de junio de 2009 recibió una condena de 150 años de prisión.

«En Estados Unidos el caso Urdangarín no habría durado tanto como en España, habría sido más rápido», afirma Rafael Domingo, profesor de Derecho en Atlanta y experto en Derecho constitucional y comparado. Ello no significa que la sentencia en EE.UU. hubiera sido más justa. «En España, como en el resto del continente europeo, la Justicia es más sustantiva, participa de una tradición según la cual hay que mirarlo todo con lupa, hasta llegar a la solución que sea más justa», afirma Domingo.

Otra de las diferencias con España, es el gran papel que juega el jurado popular. Además del jurado en el juicio, existe lo que se llama el gran jurado: son también ciudadanos corrientes los que deciden, a la vista de las pruebas presentadas por la Policía, el fiscal y la defensa, si a una persona se la procesa o no, arrogándose parte de las funciones que en España tiene el juez instructor. De esta forma, especialmente en los casos de mayor carga ideológica, el procesamiento no queda al albur de quien instruye el caso.

Esto último es una garantía frente a la mayor «politización» del cuerpo judicial de Estados Unidos, donde el presidente del país designa directamente al Fiscal General, que actúa como ministro de Justicia, a los miembros del Tribunal Supremo y a los de los distintos circuitos federales. Los fiscales generales de los estados son elegidos directamente por los ciudadanos.

Los crímenes más graves cuentan con un castigo severo, no mitigado por ninguna reducción de la condena. Además de las sentencias de muerte, que son una minoría en el conjunto de las que se dictan en el país, no es inusual la condena que en el caso de homicidios o terrorismo exige que la persona esté en prisión al menos treinta años o el resto de su vida, sin posibilidad de una remisión. Si el sistema no peca de blando con los peores crímenes, también se ha demostrado excesivamente duro con los pequeños delitos, sobrecargando incluso la capacidad de las prisiones con delincuentes menores por repetición de faltas.

Reino Unido: un modelo ágil y abierto

No hay justicia perfecta ni sistema judicial que no genere críticas y frustración. El británico, repartido en tres jurisdicciones diferentes para Inglaterra y Gales, Escocia y el Ulster, con un Tribunal Supremo común en la cúspide, no es diferente. Pero ciertos datos y experiencias indican que la flexibilidad que puede detectarse en otros ámbitos del sistema institucional de Gran Bretaña se aplica también al ámbito judicial. Durante las primeras noches del estallido de disturbios y violencia que asoló Londres y otras ciudades inglesas en agosto de 2011, tres juzgados de la capital permanecieron abiertos día y noche. A las puertas de los juzgados de Highbury, Westminster y Camberwell se amontonaban las furgonetas policiales a medida que los calabozos se llenaban. Muchos abogados denunciaron escenas de caos.

Menos de un año más tarde, según las cifras del Ministerio de Justicia del 15 de junio de 2012, 3.051 personas habían pasado por un juez. El 65% recibieron en ese tiempo una sentencia condenatoria, y 692 personas -muchas de ellas menores- estaban ya en prisión. El 15% fueron absueltas. En diez meses, el 80% de los sospechosos de haber participado en la ola de violencia y saqueos habían recibido ya un veredicto. La presión de la clase política empujó a los jueces a dictar condenas de 16,8 meses de cárcel de media, cuatro veces más largas que lo normal. Pero muchos abogados y fiscales insistieron en que lo importante fue la rapidez de la acción judicial y no la dureza de las sentencias. Desde entonces, los juicios rápidos son la obsesión de la Justicia británica. Durante los Juegos de Londres de 2012, los detenidos tardaron de media solo ocho días en acudir a una vista judicial después de haber sido condenados a juicio por alguno de los llamados «delitos olímpicos», como lanzar objetos a la pista de atletismo o realizar grafitis en la zona olímpica. Es lo que le ocurrió a Darren Cullen, un conocido artista callejero que tiene en su cartera de clientes a empresas como Microsoft. Según las últimas estadísticas oficiales, relativas a 2012-2013, la duración media de los 354.000 juicios penales que se abrieron en Inglaterra y Gales fue de 22 semanas. En el caso de los procesos civiles por una cuantía menor a 12.000 euros (29.400 casos), la duración media fue de 30 semanas, y de 59 para las 13.000 vistas por cuantías superiores a esa cifra. Entre abril de 2012 y marzo de 2013, el Tribunal Supremo registró 259 recursos. Escucharon 83 casos, y dictaron sentencia en 77 en ese periodo.

Al esfuerzo por mejorar la agilidad del sistema judicial se une la apuesta decidida por abrir los procesos al escrutinio público. Pero los periodistas no son los únicos con reclamaciones pendientes ante el sistema judicial. El próximo 7 de marzo, los abogados de Inglaterra y Gales han convocado una huelga de 24 horas para protestar por los duros recortes del Gobierno en el presupuesto del turno de oficio.