Así ven la Justicia sus protagonistas

Carlos Lesmes (TS): «Debe haber una respuesta uniforme ante casos iguales»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia que tienen los ciudadanos responde a la realidad?

-No. La Justicia no está politizada, si por Justicia entendemos la actuación que realizan los jueces y magistrados españoles, que son quienes realmente imparten justicia. Los jueces y magistrados españoles en su inmensa mayoría actúan con criterios de profesionalidad e independencia y no con criterios políticos.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-La Justicia española es mejorable en aspectos organizativos fundamentalmente, en tiempos de respuesta y también en un incremento necesario de la predictibilidad de las resoluciones judiciales, es decir, un incremento de la seguridad jurídica, que haya una mayor uniformidad en la respuesta judicial ante casos que son iguales.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia.

-Una mejor organización de funcionamiento de los tribunales, una mejor organización territorial de la Administración de Justicia y un incremento de medios materiales en determinados órganos judiciales que tienen importantes carencias al respecto.

-¿Está la Justicia en su peor momento desde la Transición?

-No. En modo alguno. Los tiempos de respuesta actuales son mejores que los de años atrás y tenemos una carrera judicial integrada por jueces y magistrados excelentemente bien formados, que dan una respuesta desde el punto de vista profesional de gran calidad. Además, la valoración de la opinión ciudadana sobre los jueces ha mejorado notablemente en los últimos años.

Ángel Juanes: «El acceso a la Justicia pasa por racionalizar las tasas judiciales»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia que tienen los ciudadanos responde a la realidad?

-Rotundamente no. La independencia judicial no solo está contemplada en nuestra Constitución y las leyes, sino que está vigente en nuestros juzgados y tribunales. La independencia no solo está en la ley, también está en el ADN de cada persona. Otra cosa es que en ocasiones el ciudadano pueda percibir que desde el Consejo General del Poder Judicial se hace política, pero es que por su propia definición y por imperativo constitucional es el órgano encargado de hacer política judicial. Y si hablamos de politización de la justicia también podríamos plantear la judicialización de la política. En ocasiones se utiliza a los tribunales para resolver conflictos que necesitarían una solución política y no jurisdiccional.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-Uno de los principales problemas es la lentitud de la justicia, que no es deseada por jueces ni fiscales y que se refleja sobre todo en algunos procesos que más pueden herir la sensibilidad de los ciudadanos en estos momentos de crisis que atraviesa nuestro país. Son las causas abiertas contra la corrupción. Esta lentitud se debe a varios factores, como la ausencia de auxilio de peritos adscritos a los juzgados, así como los problemas de organización interna de la Justicia española.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia.

-Una mejor organización de la planta judicial que permita agilizar los procesos, principalmente los de carácter penal y, más en concreto, los de corrupción; el establecimiento en cada juzgado y tribunal de mecanismos de información, de manera que el ciudadano pueda saber la situación exacta de un proceso en el que sea parte (fecha de sentencia, causa de retrasos, etc); y una mayor accesibilidad a la Justicia, lo que debería conllevar una racionalización de las tasas judiciales.

-¿Está la Justicia en su peor momento desde la Transición?

-No, antes al contrario, en un momento de crisis como el actual, los ciudadanos confían en los tribunales como el principal baluarte de la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Estamos conociendo situaciones límite de personas a las que se les han cerrado todas las puertas y solo les queda abierta la de la Justicia.

Pérez de los Cobos (TC): «Somos uno de los países con menos condenas de Estrasburgo»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia que tienen los ciudadanos responde a la realidad?

-No estoy convencido de que esa sea la imagen real que los ciudadanos tienen de la Justicia, pero si esa fuera la imagen, mi respuesta sería negativa. La selección de jueces, secretarios judiciales y fiscales se realiza en nuestro país a través de un sistema riguroso y objetivo de oposición, que respeta los principios de mérito y capacidad (art. 103 CE). Principios que no solo garantizan su calidad técnica, que es incuestionable, sino que además aseguran su imparcialidad e independencia. Cosa bien distinta es que se esté produciendo una judicialización de la política, que puede llevar a los ciudadanos a la errónea impresión de que la Justicia está implicada en el proceso político, pero eso, como es obvio, para nada depende de los jueces.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-El elevado nivel de litigiosidad, la sobrecarga de trabajo y el retraso que ello produce en el funcionamiento de los órganos judiciales. Hay que ser conscientes de que dirigir un proceso judicial y elaborar una sentencia que resuelva adecuadamente el litigio es una labor que habitualmente presenta una complejidad técnica incompatible con la precipitación y la economía de tiempo. Si no se da una adecuada proporción entre los asuntos de los que un juez debe y puede atender, los retrasos seguirán siendo inevitables.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia.

-En primer lugar, buenas leyes procesales, que configuren procesos eficaces, con economía de trámites y que racionalicen el régimen de impugnación de las resoluciones judiciales. Segundo, superación de la actual configuración del partido judicial como unidad territorial básica de la Administración de Justicia, mediante la creación de potentes centros judiciales que puedan permitir de medios personales y materiales más completos. Y tercero, superación del desfase tecnológico. La Administración de Justicia debería alcanzar la calidad tecnológica de la que disponen la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

-¿Está la Justicia en su peor momento desde la Transición?

-Creo sinceramente que no. Por lo pronto, en todos estos años y por todos los gobiernos se ha hecho un esfuerzo importante de inversión, de incremento de medios personales y materiales, de formación, que ha ido mejorado la situación previa. Ya desde una perspectiva cualitativa y, reivindicando la contribución del Tribunal que presido, le diré que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha contribuido decisivamente a la transformación de nuestro sistema jurídico, particularmente por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, sobre los que el Tribunal ha elaborado una importante doctrina que ha sido bien recibida y aplicada por la jurisdicción ordinaria. El nivel de tutela que hoy existe en nuestro país al respecto admite una comparación ventajosa con muchos de los países de nuestro entorno. Así lo demuestra el hecho de que España sea uno de los países con menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Torres-Dulce: «Sería deseable que los partidos políticos se distanciaran más de los nombramientos»

-¿Le parece que la imagen de politización de la Justicia responde a la realidad?

-Debo decir que ni jueces ni fiscales se dedican a hacer política en los tribunales. En todo caso, sería deseable un mayor distanciamiento de los partidos políticos en materia de nombramientos judiciales. Las disputas políticas entre partidos deben dirimirse en los parlamentos, no en los juzgados.

-¿Cuál es el principal mal que tiene la Justicia española?

-La alta tasa de litigiosidad, de las más elevadas en la Unión Europea, y el retraso en la resolución de los procedimientos, que genera desánimo e incertidumbre en los ciudadanos, y eso les lleva a confiar poco en la justicia.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia.

-Primero, la expulsión de las faltas de la jurisdicción penal: frente a tanta litigiosidad, hay que fomentar el arbitraje previo, la mediación y la conformidad. Segundo, inversión en tecnología y medios materiales y personales; y tercero, reformas procesales para garantizar la rapidez y mejorar la información al ciudadano.

-¿Está la Justicia en su peor momento desde la Transición?

-No lo creo. En las últimas décadas, España se ha ido homologando cada vez más a los niveles de justicia en el resto de Europa. También es cierto que la percepción de los ciudadanos es peor, porque han elevado, con razón, el nivel de exigencia en la respuesta de nuestra administración de justicia. Hablando de la Transición, sería deseable que ahora también se lograra un mayor consenso a la hora de llevar a cabo la organización judicial y las inevitables reformas procesales.

Cándido Conde-Pumpido: «El principal mal es la falta de presupuesto»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

-No. Creo que la opinión general está muy influida por los mensajes que transmiten continuamente personas con poder político o económico interesadas en desautorizar a la Justicia cuando sus decisiones no les favorecen.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-La falta de presupuesto.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

-Reformar el proceso penal para establecer el modelo acusatorio en la Instrucción, como se hace en todos los países de nuestro entorno; potenciar la especialización, en la instancia y sobre todo en la apelación, para garantizar la seguridad jurídica, y redimensionar la jurisdicción contencioso-administrativa, en especial en el Tribunal Supremo.

Álvaro Rodríguez-Bereijo: Me preocupa tanto o más la judicialización de la política»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

-No creo que, en general, el sistema judicial esté politizado, aunque esa pueda ser la percepción de los ciudadanos. Y eso es grave. Tanto o más me preocupa la «judicialización de la política», por la resistencia e incapacidad de nuestro sistema democrático de partidos y sus dirigentes para depurar las responsabilidades políticas.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-Nuestra Justicia es, en líneas generales, acorde con el nivel de nuestras instituciones políticas y sociales. Ni mejor ni peor. Cabe reprocharle la lentitud de las instrucciones y los procesos judiciales. En cierto modo es la contrapartida de un haz de garantías que, por lo demás, todos demandan del Estado de Derecho.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

La separación de poderes, la independencia de jueces y magistrados y la igualdad en la aplicación judicial de la ley, base fundamental de la confianza que los ciudadanos depositan en la Justicia. Es la seguridad de que «están gobernados por las leyes y no por otros hombres».

López Aguilar: «No es admisible la intimidación a los jueces»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

La Justicia: poder del Estado y servicio público. Por tanto, es, y debe ser, objeto de debate político. Ello no significa que la acción de los tribunales sobre casos concretos pueda ser interferida desde intereses partidistas. No es admisible que desde instancias partidarias se emitan mensajes de adulación o intimidación a los jueces que resuelven sobre asuntos relevantes para el partido de que se trate, según se pretenda «orientar» o, por el contrario, achantar a los jueces que deciden, en perjuicio de la igualdad ante la ley y, por supuesto, del propio crédito de la política. La peor «politización» es la tendencia a dar por hecha a la judicatura (la función judicial y las carreras de los jueces) como ámbito patrimonial tradicionalmente hegemonizado por las posiciones partidarias más conservadoras.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

El mal hoy más lacerante es el alarmante incremento de la percepción ciudadana de una clamorosa desigualdad ante la ley y ante el acceso a la Justicia en la defensa de los propios derechos y libertades. La represiva ley de tasas ha restringido el acceso a la tutela judicial de los más vulnerables, abocando a las personas con menos recursos a soportar los abusos e injusticias desde la indefensión. Pero el problema estructural sigue estando en la disfuncional distribución de competencias sobre la Justicia que marcan la Constitución y los estatutos de autonomía: Ministerio de Justicia, CGPJ, Fiscalía, comunidades autónomas, entes locales, colegios profesionales. Todos ellos actúan sobre una multiplicidad de funcionarios y profesionales con lógicas diferenciadas y a menudo contrapuestas. El resultado es un «síndrome de fallo múltiple» que aboca a la irresponsabilidad generalizada ante la lentitud por la que los ciudadanos desesperan sin respuestas efectivas.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

En primer lugar, la coordinación efectiva de las estrategias e inversiones en modernización ofimática y comunicaciones electrónicas entre administraciones competentes con optimización de recursos e introducción de pautas de evaluación por resultados. Segundo, riguroso control de la dedicación exclusiva y cumplimiento de horarios por parte de jueces, fiscales y funcionarios. Las prácticas complementarias introducen un factor de inestabilidad en la gestión de la Justicia, junto con variaciones enormes del rendimiento efectivo de órganos judiciales teóricamente equiparables por su rango y alcance territorial. Tercero, refuerzo de los programas de formación continua y específica en todos los profesionales.

Carnicer: «La reforma radical de la Justicia es un clamor social»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

-Las condiciones que han percibido los ciudadanos durante décadas son que su Administración de Justicia ha estado en vía muerta, desenganchada de los procesos modernizadores del Estado y ajena al ritmo del cambio político y social. Se ha parcheado muchísimas veces su estructura, pero no consigue seguir el paso de la sociedad a la que sirve. No ha funcionado ni a satisfacción de sus destinatarios, los ciudadanos, ni de los profesionales. Es, pues, un clamor social que resulta inaplazable afrontar de una vez por todas, preferiblemente a través de un Pacto de Estado, reformas radicales de la Administración de Justicia para racionalizar los marcos de actuación institucional, acabar con la descoordinación competencial y el caos informático y ganar eficiencia. Dado el poder omnímodo de los dirigentes políticos, no es extraño que los ciudadanos les responsabilicen de la situación de la Administración de Justicia por activa y por pasiva: por no desarrollar políticas activas que soluciones los graves problemas que existen y por su continua injerencia en los órganos constitucionales de la Justicia.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-En la Justicia mandan el ministerio, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y todas y cada una de las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas. Es un verdadero problema de gobernanza. Y aunque también hay cosas buenas -y hay que decirlo-, como la honradez, la preparación, el esfuerzo, la independencia y hasta la austeridad de los jueces y de los funcionarios en general, o el esfuerzo y generosidad de otros colectivos, tantas veces maltratados, como los abogados, los males de la Justicia son muchos: los intentos de utilización partidista por el poder político, la lentitud excesiva, la ausencia secular de inversiones y atención, la casi imposible gobernanza, la carencia de datos fiables, los recortes sociales o las barreras de acceso a la justicia que están provocando un efecto erosivo en los derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo la cohesión social imprescindible para una convivencia en paz, la poda que se está gestando en la jurisdicción universal; o respecto de la acción popular, el intento de asfixiar a los Colegios de Abogados y, muy especialmente, todo lo que ha supuesto la aplicación de la Ley de Tasas, que ha hecho ya que miles y miles de personas hayan visto afectado su derecho de acceso a la justicia.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

La dotación de medios personales y materiales, la regulación legal del derecho de defensa y unificar la formación de jueces, fiscales y abogados para que sea realidad la igualdad de armas en el proceso.

Juan Carlos Estévez: «El principal mal son las dilaciones en la ejecución de los fallos»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

No, en absoluto. Frecuentemente se mezclan la jurisdicción o, dicho de otra manera, el trabajo diario de jueces y tribunales, con otras instituciones que nada tienen que ver con ello, como podría ser el Consejo General del Poder Judicial. En general, los jueces españoles actúan con total y absoluta independencia de su ideología, lo cual no quiere decir que no la tengan, pero esta, habitualmente, no llega a traslucirse en sus resoluciones.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, si bien tiene un origen netamente político en la elección de sus vocales, ello no quiere decir que, en su trabajo diario, lleguen a manifestarse puntos ideológicos. En general, entiendo que actúan con profesionalidad.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-Significaría como principal mal las dilaciones, produciéndose estas, muy especialmente, en fase de ejecución de sentencias. En la fase declarativa del proceso, y en contra de la creencia generalizada, la Justicia española es de las mejores, por no decir la mejor, en cuanto a su calidad y periodo medio de tramitación de un proceso. Sin embargo, es notoriamente deficiente, y se sitúa en los últimos lugares, respecto a los países adelantados, en la ejecución de las resoluciones judiciales.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

Primero, agilizar la fase de ejecución, utilizando a profesionales agentes de ejecución, como hacen el resto de los países avanzados. No existe otra profesión que pueda realizar esta función en la Justicia española que no sea la de procurador de los tribunales. En segundo lugar, agilizar los tiempos muertos en la tramitación de los procesos, realizando más eficientemente los actos de comunicación, encargándoselos a los profesionales habilitados para ello, es decir, a los procuradores. Y tercero, habría que homologar los sistemas informáticos y telemáticos de la Administración de Justicia, combinando los distintos que funcionan en diversas autonomías. Soy consciente de que el Ministerio de Justicia ya está en ello. Nosotros, los procuradores, también.

Rafael Lara: «Hay carencia de medios y una tecnología deficiente»

-¿Le parece que la imagen de grave politización de la Justicia responde a la realidad?

-Nuestra Constitución reconoce la independencia en la acción de la Justicia, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) lo garantiza. La independencia del juzgador y la del secretario judicial, fedatario público de lo ocurrido en garantía del justiciable, e impulsor jurídico del proceso. El ciudadano puede estar seguro de que así será si se encuentra en la tesitura de tener que acudir a nuestros tribunales. La labor de nuestros jueces, nuestros secretarios judiciales y fiscales se desarrolla con denuedo para garantizarlo. Ello no es óbice para que exista la sensación de politización cuando se observan determinadas conductas o acontecimientos. No siempre las sensaciones son reflejo de realidades, pero es responsabilidad del legislador y el gobernante evitar sombras en la imagen limpia que debe proyectar nuestro sistema judicial. La ley puede pretenderlo, no siempre conseguirlo. Nunca debemos darnos por satisfechos. Cualquier cambio legislativo, como el que está redactando el ministerio para la nueva LOPJ, debe seguir poniendo en la cima la independencia del juzgador, del fedatario judicial e impulsor del proceso, y del proceso de gobierno del Poder Judicial. Cada día, esta debe ser la primera acción de un demócrata.

-¿Cuál es para usted el principal mal que tiene la Justicia española?

-Difícil. Nuestra Justicia goza de evidentes virtudes, nuestro factor humano es excepcional, y su esfuerzo diario encomiable, pero los resultados no siempre acompañan, por la carencia de medios, por una tecnología muy deficiente para una Administración esencial para la competitividad y la garantía de derechos, por la descoordinación entre Administraciones, la ineficiencia de los procesos de trabajo en una organización decimonónica que ya se está permitiendo que perviva demasiado tiempo.

-Dígame en telegrama tres cosas que mejorarían la Justicia

-Se lo dejo en dos. Nuestras aplicaciones informáticas son tremendamente deficientes. Se están haciendo esfuerzos para superar la brecha tecnológica, coordinar las inversiones, como con el Comité Técnico Estatal, pero seguimos perdidos en un entorno de papel que lastra nuestros procesos y juzgados como islas desconectadas a las que el gobernante debería de una vez dar fin. En ello, y en lo organizativo, debe haber coordinación entre administraciones y esfuerzos conjuntos. Y segundo, la deficiente gestión de recursos humanos, en una organización que no premia el esfuerzo ni promueve la eficiencia y el trabajo en equipo. La llamada nueva Oficina Judicial que lo pretende debía ser ya pasado si se hubiese implantado en toda España. Podríamos mirar a un nuevo futuro, en optimización del factor humano como el que ofrecemos los secretarios judiciales con nuestra capacidad de encauzar las peticiones ciudadanas a procesos ejecutivos y rápidos o, de precisarse, más pausados y reflexivos, o con ejercicio nuestra mediación.Lo importante, y como reflexión final, es recordar siempre que hay personas tras cada papel, no solo números. Que las administraciones han de coordinarse, el legislador optimizar, el Ejecutivo promover acciones efectivas, y todos cambiar nuestra mentalidad y poder sentirnos satisfechos, todos. Y le aseguro que es posible.