La lentitud de los pleitos y la politización, males endémicos

Desde una perspectiva laboral, la justicia se enfrenta a dificultades organizativas y a disfunciones generadas por meros criterios de gestión. En una oficina judicial, por ejemplo, conviven estamentos subalternos de órganos administrativos diferentes: el juez depende del Consejo General del Poder Judicial; el secretario, del Ministerio; y los funcionarios, de la Autonomía correspondiente en el caso de que tenga transferidas las competencias en materia de justicia. Además, en España coexisten distintos sistemas informáticos de gestión que habitualmente causan errores de coordinación. Incluso, hay un porcentaje variable –pero amplio– de «justicia interina» basado en un complejo mecanismo de sustitución para cubrir bajas que ralentiza los quehaceres ordinarios.

Desde una óptica social, la justicia irradia una imagen pública de politización que tanto el CGPJ –órgano de gobierno de los jueces– como los partidos amplifican sin rubor. También lo hacen las asociaciones judiciales y de fiscales, habitualmente más identificadas por los ciudadanos con tesis de afinidad ideológica o de subordinación política que con la estricta prestación de un servicio público imprescindible en democracia. Así, es habitual que se interprete como una auténtica «lucha de poder» la «colocación» de candidatos en los decanatos, las presidencias de las Audiencias, los Tribunales Superiores, el Supremo o el propio CGPJ. Es el famoso «intercambio de cromos» basado en pactos opacos y endogámicos para el reparto de puestos claves en la judicatura o el Ministerio Fiscal.

Hoy sigue vigente también el mito de que plantear un pleito es como entrar en una selva indómita sencillamente porque «todo es una lotería y el resultado final de un proceso depende del juez que te toque». Son expresiones de abogado propias de la confidencialidad de una sala de togas. Pero reales como la vida misma.

Sin embargo, paradójicamente hay datos objetivos que cuestionan la percepción de esa justicia anquilosada e ineficiente basada en la clásica maldición de pleitos tengas... y los ganes. Según el CIS , los españoles tienen más confianza en el Poder Judicial (3,52 puntos sobre 10) que en el Gobierno (2,42), el Parlamento (2,53), las Cámaras autonómicas (2,96), los partidos (1,83), las organizaciones empresariales (2,87) o los sindicatos (2,45). Sólo las Fuerzas Armadas (5,21), la Policía (5,65), la Guardia Civil (5,71) o la Iglesia (3,56) lo superan con creces.

Por contra, la profesión de juez (6,31 puntos sobre 10) es de las peor valoradas: médico (8,52), enfermero (7,96), profesor (7,93), ingeniero (7,59), informático (7,32), arquitecto (7,07, policía (6,87), fontanero (6,81), albañil (6,74) o abogado (6,58) tienen mejor fama. Sólo los periodistas (6,43) se acercan a la pobre valoración de los jueces.

Una de las causas reales de la cronificación de asuntos en nuestros Tribunales reside en una enorme tasa de litigiosidad: casi 190 asuntos entran cada año en los Juzgados por cada 1.000 habitantes, principalmente del orden penal y civil. Y todo ello, para una plantilla de 5.171 jueces, 2.407 fiscales y 4.180 secretarios judiciales en un país de 46 millones de habitantes. De este modo, hay 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media europea de 21,3. Menos de la mitad. Si en España anualmente ingresan en los Juzgados 8.972.642 asuntos (según estadísticas del CGPJ de 2012, lo que representa 1.765 por cada juez), el colapso está garantizado. Aun así, poco a poco la proporción de asuntos resueltos (9.102.600 en 2012) va superando a la de asuntos ingresados, contribuyendo así a una cierta apariencia de desatasco. La cifra de esta radiografía es completada con los 130.038 abogados ejercientes en España, de los cuales 34.582 trabajan solo en Madrid. Y 9.801 procuradores.

Con estas estadísticas en la mano, la OCDE obtiene conclusiones favorables y desfavorables a la vez sobre el funcionamiento de los Juzgados españoles en comparación con países de nuestro entorno, cuya justicia goza de una imagen sorprendentemente mejor pese a que su eficiencia real no lo es.

En España, un caso en la primera instancia judicial se prolonga durante 272 días frente a la media de la OCDE de 238. Mal dato. Sin embargo, en Francia son 274 o en Inglaterra 350. Y en segunda instancia (la fase de recursos), España acumula 189 días más de media frente a los 343 de Francia o el caso extremo de Italia de 1.143 días.

Aun así, más allá del día a día de los pleitos que afectan a cientos de miles de españoles, la negativa percepción pública de la justicia se debe a la lenta evolución de casos de relevancia pública; a la incomprensión social de sentencias cuyo contenido genera una gran controversia –la última de ellas, la no consideración de los «escraches» como delito–; y a una apreciación de vulneración permanente de la presunción de inocencia basada en «penas de telediario o de banquillo». O en juicios paralelos de los que participan jueces, fiscales y abogados «estrella» ansiosos de protagonismo mediático que en la práctica son los responsables de la retransmisión en directo y on-line de declaraciones judiciales, de la filtración interesada de sumarios y de la vulneración constante del secreto del sumario.

La instrucción de asuntos de enorme resonancia social que afectan a corrupción política como Gürtel, Bárcenas, los ERE, las ITV de Cataluña o Nóos se perpetúa durante años sin que se ofrezca una imagen solvente y resolutiva de los jueces, los fiscales, los abogados... El sistema en general falla. El caso Pallerols, de financiación de Unió en Cataluña, ha tardado en dirimirse más de 16 años. En contraste, Estados Unidos investigó, detuvo, juzgó y condenó a Bernard Madoff, responsable de la mayor estafa piramidal de la historia, en pocos meses.

En España, los escasos ciudadanos que logran el privilegio jurídico de que el Tribunal Constitucional consiga ampararles casi nunca ven dictada su sentencia antes de que hayan transcurrido ocho o diez años desde que el pleito se abrió. Quizás por ello el Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia sitúa en el 65% la cifra de españoles que ven su funcionamiento «mal o muy mal».

¿Son los jueces los únicos culpables? Todo influye: la organización y gestión de cada juzgado; una legislación verdaderamente alambicada, cuando no obsoleta, por ejemplo en la complejísima jurisdicción administrativa, las dificultades en recursos humanos y materiales cuando entran en juego otros actores como peritos, policía judicial o testigos que no se localizan y no comparecen paralizando así innumerables diligencias; las dilaciones ajenas a la voluntad de la administración de justicia...

Frente a la corrupción, las normas procesales de un sistema muy garantista como el español motivan interminables recursos. Y a veces exigen investigaciones de extraordinaria dificultad basadas en tramas de ingeniería contable o amparadas en la opacidad de paraísos fiscales. No resultan fáciles de resolver. Un juez o un fiscal no pueden asumir responsabilidad alguna cuando una entidad radicada en un off-shore fiscal no envía en tiempo y forma la documentación requerida y provoca retrasos indeseados.

Se extiende además en la sociedad la idea de que al final de largos procesos los jueces exculpan a políticos imputados por consideraciones técnicas ininteligibles o por argumentos peregrinos escondidos en la letra pequeña del Código Penal. En el fondo, se alude a la politización de la justicia, a criterios de favoritismo y a privilegios. Obviamente no es así en todos los casos. Pero la sal gruesa propia de la sociedad de la imagen bate en efectismo a los tecnicismos.

Más duro aún resulta el golpe de maza judicial sobre la ciudadanía cuando las lagunas del sistema o las bondades de la ley permiten la excarcelación prematura de terroristas, narcotraficantes, agresores sexuales, asesinos y homicidas incapaces de mostrar arrepentimiento o deseo de reinserción social. Justificadas legalmente o no estas decisiones, lo cierto es que la Justicia como sistema no consigue dar el vuelco definitivo a esta conflictiva imagen de rémora... De asignatura pendiente de la democracia.