El Gobierno estudia permitir el aborto en caso de malformación grave del feto

La sola insinuación de una supuesta relajación de los casos en los que el aborto sea legal divide a las filas del PP y provoca reacciones inmediatas. De esta manera, la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, reiteró ayer que está «en contra del aborto», pero que la futura ley debe tener presente «los supuestos pero también tienen que tener en cuenta los plazos». Aguirre apuntó que con la ley de 1985, la anterior a la aprobada por el Gobierno socialista en 2010, que contemplaba los supuestos de riesgo grave pra la salud física o psiquica de la mujer; en caso de violación, y la malformación o taras psíquicas del feto, «se produjeron en la clínica del doctor Morín lo que yo considero asesinatos de bebés de ocho meses».

Tanto los populares más 'duros', que piden que se rebajen a cero los supuestos, como los más 'progresistas', coinciden sin embargo en que el momento elegido para la reforma es malo. En todo caso, es poco probable que se la tramitación parlamentaria se inicie antes de las europeas de mayo, dado que el texto está aún en fase de consultas. Justicia planea llevarlo al Consejo de Ministros después de la cita con las urnas, de modo que su tramitación parlamentaria se iniciaría tras el verano.

De esta manera, durante el mes de junio el texto podría llegar al Consejo de Ministros para su aprobación. Esto supone que, dada la tramitación parlamentaria, el asunto no comenzaría a discutirse en la Camara Baja hasta después de las vacaciones de verano. En todo caso, la reforma de la ley del aborto será tema de debate y votación parlamentaria en los próximos meses. Este martes, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debatirá la petición urgente para que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre pobreza y desigualdad en España para abordar el asunto.

Desde la oposición, las reacciones contra el anteproyecto que respalda Ruiz-Gallardón continúan todos los días. El PSOE ya no se conforma con incorporar al anteproyecto de ley el supuesto de malformación fetal. Ahora reitera la petición de retirada inmediata del texto y este lunes presentó ante el Consejo de Europa una declaración «para impedir que los derechos de las mujeres españolas se vean cercenados» y recabar apoyos de los parlamentarios europeos en contra de la implantación en España de esta norma. Además, la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, denunció que con el anteproyecto de ley, el Gobierno habla de «mujeres-útero, mujeres incapaces de tomar decisiones sin asistencia, mujeres irresponsables que deciden alegremente sobre su maternidad, mujeres irreflexivas a las que hay que mandar a un rincón siete días 'a pensar', mujeres crueles y egoítas —como me dijo el ministro— a las que solo importa su propio bienestar».

A través de su cuenta de Facebook, Valenciano considera que los miembros del Gobierno «no hablan de nosotras, no legislan para nosotras, no les preocupamos nosotras sino, su estricto interés electoral y la imposición de una moral minoritaria que jamás ha creído en la igualdad y en la libertad de las mujeres». «Por cierto, si tanto quieren aumentar la natalidad porque favorece a la economía, que no anulen los tratamientos de fertilidad a las mujeres sin marido», añadió Valenciano.

Para el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, el Ejecutivo trata de «meter el Código Penal en los ovarios de las mujeres». Además apuntó que la reforma de la ley de aborto es consecuencia del «integrismo» dentro del PP y de las presiones de la Iglesia.

Desde el otro lado de las opiniones, la asociación Derecho a Vivir entregará este martes en la sede nacional del PP más de 35.000 peticiones para reclamar que el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, modifique su discurso, que este colectivo califica de «proaborto», o dimita.

Quien prefirió no pronunciarse fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Ya no tengo nada más que añadir a lo que ya he dicho en su momento, además, en sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados», afirmó durante su comparecencia conjunta con el primer ministro italiano, Enrico Letta.