Permach declara en el juicio de las «herrikos»

Permach está acusado de integración en ETA en grado de dirigente y sobre él recae la petición fiscal más alta de pena, la misma que para el exdirigente de la ilegalizada Batasuna Rufi Etxeberria , quien negó en el juicio su pertenencia a la banda ni que las «herriko tabernas» fueran un medio de financiación del partido abertzale.

Según el fiscal, Permach, actual dirigente de la coalición EH-Bildu , que fue coordinador nacional de Batasuna y quedó en libertad bajo fianza en 2010 por un delito de pertenencia a banda armada, posibilitó «la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA». En el escrito de acusación, el fiscal explica cómo Permach, ex miembro de la mesa nacional de Batasuna, participó en varios homenajes, protestas y marchas a favor de presos de la banda y contra la ilegalización de Batasuna.

En el juicio, que está previsto que se prolongue hasta febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), el fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para los imputados restantes reclama ocho años de prisión por colaboración.

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y en 2010 la Fiscalía remitió a la sección segunda de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna.

Pese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusa ya solo a 36, ya que Jon Idígoras murió en 2005 ; Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

El patrimonio de las «herriko tabernas», a través de las cuales presuntamente se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.