La cantera de ETA, desde mañana en el banquillo de la Audiencia

Para nueve de ellos la Fiscalía solicita nueve años de prisión , ya que considera que se trataba de dirigentes de la organización. Para el resto, la petición de condena es algo menor, de siete años. En total, 298 años de cárcel.

La mayoría de estos supuestos miembros de Segi fueron detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se desarrolló en las tres provincias vascas y en Navarra el 24 de noviembre del año 2009.

El dispositivo, dirigido por el juez Fernando Grande-Marlaska , se llevó a cabo gracias a la documentación incautada unos meses antes al etarra Ekaitz Sirvent, ideólogo de una estrategia para reforzar la militancia de base de la banda.

Además de las detenciones, la Policía Nacional practicó más de 40 registros en domicilios y más de 20 en locales, como « herriko tabernas», bares, garajes y asociaciones vecinales . Por su parte, la Guardia Civil llevó a cabo otros quince registros en domicilios privados y diez en diferentes locales.

Finalmente, los agentes se incautaron de propaganda de Segi, boletines internos de ETA, varios miles de euros, anotaciones con matrículas y diverso material para confeccionar artefactos explosivos , como bombonas de camping-gas, gasolina, ácido, guantes, recipientes o manuales para la fabricación de bombas caseras. En definitiva, numerosa información aclaratoria sobre la estructura real de Segi y sobre sus auténticos fines y objetivos.

Lucha callejera

En aquel momento, el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba dio por descabezada la cúpula de la organización juvenil, heredera de las anteriores Haika y Jarrai. Para el departamento que hoy dirige Jorge Fernández Díaz, esta organización era la «cantera de ETA» y la principal responsable de la violencia callejera tanto en el País Vasco como en Navarra.

En su escrito de acusación, el fiscal del caso explica que los miembros de Segi se sirven de los actos de «kale borroka» o lucha callejera para incidir en la seguridad ciudadana con el objetivo de producir « profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional».

Segi, ilegalizada en 2007 por formar parte de las estructuras de ETA, estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad el paso previo a integrar las filas de la banda terrorista. En 2007, el Tribunal Supremo declaró que tanto Segi como Jarrai y Haika son organizaciones terroristas y no meras asociaciones ilícitas, como había considerado la Audiencia Nacional en una sentencia hecha pública en junio de 2005.

A partir de mañana, el futuro de estos 40 miembros de Segi pasará por la Sección Primera de la Audiencia Nacional.