corrupción
El maratón de Alaya
La juez de los ERE cumplió 24 horas seguidas en su despacho para interrogar a los detenidos antes de cumplirse el plazo
s.e.
Objetivo cumplido. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía, consiguió interrogar a los últimos detenidos antes de que se cumpliera el plazo de 72 horas establecido en la ley. Para ello ha tenido que encerrarse 24 ... horas dentro de su juzgado, con la madrugada del sábado por medio sábado, para concluir todos los interrogatorios. En total ha enviado a prisión a nueve de los 22 arrestados en la última operación de la Guardia Civil, aunque dos de ellos podrán eludir la cárcel si pagan una fianza de 50.000 euros.
A las 15.30 horas del sábado Alaya dictaba el auto de prisión contra los últimos cuatro acusados: Eduardo Pascual y María Vaqué, directivos de la aseguradora Vitalia con sede en Barcelona; Ismael Sierra, cuñado del mediador en los ERE Juan Lanzas -encarcelado el viernes- y Eduardo Leal del Real, administrador de dos empresas presuntamente utilizadas como pantalla para introducir en el mercado financiero las sobrecomisiones que cobraban. Son estos dos últimos para los que la juez ha dictado prisión eludible.
La mayor parte de los nuevos encarcelados se ratificaron en sus declaraciones ante la Guardia Civil y solo Eduardo Pascual hizo una amplia declaración en la que llegó a decirle a Alaya: «Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame donde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía».
Cohecho, prevaricación, falsedad...
De los 22 detenidos por la Guardia Civil el miércoles, ocho pasaron a disposición judicial ese mismo día y la juez dejó a cuatro en libertad con cargos: María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, directivo de Vitalia encarcelado el viernes; José González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora Uniter; Roser Masa, administradora de la aseguradora Fortia, y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
En cambio, decretó prisión contra Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del «conseguidor» Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero, y Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función. Sobre los nuevos detenidos pesan los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito fiscal.
Guerrero y el exsindicalista Lanzas
Estos nuevos encarcelados se unen a los que lo hicieron a lo largo de la semana: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, y el «mediador» Juan Lanzas, encarcelado el viernes.
Un cuarto encarcelado desde enero, Juan Francisco Algarín, testaferro de otras presuntas empresas pantalla, salió en libertad el jueves pasado, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.
Además de esta nueva ronda de detenidos, en el caso de los ERE falsos hay 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta, mediadores, abogados e «intrusos» que nunca trabajaron en las empresas.
La nueva línea de investigación pretende averiguar los verdaderos destinatarios de las sobrecomisiones que cobraban las empresas mediadoras en los ERE, superiores en un 15 por ciento a la media del mercado.
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