¿Qué sabemos sobre los juicios de conformidad?

Es un acto procesal, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1988, que supone la declaración de voluntad de las partes de poner fin al proceso penal y evitar así la celebración del juicio. Cuando se llega a una conformidad, el acusado reconoce los hechos y se compromete de forma expresa a no recurrir la sentencia y a cumplir la pena que se acuerde. El juez está obligado a aceptar la conformidad a excepción de aquellos casos en los que el acuerdo no respete la ley.

Sí. Es una práctica muy habitual, que se produce a diario en los juzgados y tribunales de toda España. Incluso se puede afirmar que está cada vez más extendida. Sin embargo, en nuestro país estamos aún en los albores. En los países anglosajones, esta fórmula es la vía para resolver el 90 por ciento de los casos.

Según datos estadísticoa en poder del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2011 se dictaron en los distintos órganos judiciales (juzgados de instrucción, juzgados de lo Penal y audiencias provinciales) un total de 170.291 sentencias. En términos porcentuales hay que diferenciar según el órgano que dicte la resolución. Así, los juzgados de instrucción resolvieron con conformidad el 56 por ciento de los juicios rápidos; el 29 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal fue de conformidad. Por último, la cifra desciende hasta el 4 por ciento en el caso de las dictadas por las audiencias provinciales. Es decir, cuanto más grave es el delito y más alta la pena solicitada, menos conformidades se producen.

Resulta muy práctico. De un lado, porque evita la celebración del juicio, con el coste de tiempo y dinero que ello supone. Baste pensar, por ejemplo, en la citación de testigos y peritos para que declaren en la vista oral. Por otro lado, simplifica la sentencia, ya que, a excepción de los procedimientos ordinarios, el juez queda exento de hacer una valoración de la prueba.

También resulta ventajoso para el acusado, porque no va a pasar por el mal trago del juicio y porque va a ver rebajada la pena. Y también para las víctimas, que se garantizan el cobro de la indemnización con más rapidez y en la cuantía que se pacte.

Sí. El riesgo de que se produzcan abusos, de que la conformidad se utilice, según señalan varios abogados, «como arma de chantaje» al acusado para que reconozca su culpabilidad a cambio de que la condena le resulte menos gravosa.

Y para las víctimas, cuando éstas no están personadas en la causa como acusación particular, porque la negociación se lleva a cabo sin su participación.

Suele ser el abogado de la defensa, aunque en ocasiones la iniciativa puede partir también del fiscal. Lo habitual es que la negociación se produzca el mismo día del juicio, justo antes de que dé comienzo la vista. Si hay acusaciones personadas, es imprescindible que éstas también estén de acuerdo. Puede haber diferentes razones por las que una de las partes busque la sentencia de conformidad. Como norma general, le interesará cuando tenga pocas esperanzas de ganar el pleito.

En todos, aunque los más frecuentes son las estafas, atracos, delitos menores de violencia de género y corrupción. Respecto de estos últimos, hay corrientes críticas según las cuales no deberían producirse conformidades por el valor ejemplarizante que deberían tener el juicio y la sentencia. No se producen conformidades cuando el daño causado es irreparable (asesinato) o cuando los hechos son especialmente sangrantes (agresiones sexuales, delitos graves contra menores).

Cuando la conformidad se produce en un procedimiento por juicio rápido, la condición es que la pena solicitada o la suma de todas las que se pidan, no supere los dos años de prisión. Si la pena es de distinta naturaleza (inhabilitación, por ejemplo) no podrá superar los 10 años. En el caso de las multas, podrá haber conformidad sea cual sea su cuantía. En estos casos, el acusado verá rebajada en un tercio la pena solicitada.

En el procedimiento abreviado (previsto para delitos castigados con penas de hasta 6 años de prisión), la pena pactada no podrá ser inferior a la mínima prevista en el Código Penal para el delito cometido. Es decir, si el fiscal se mueve en una horquilla de entre 3 y 6 años de cárcel, nunca podrá aceptar una condena a dos. El juez estará obligado a respetar el pacto en sentencia.

La ley no prevé la conformidad cuando estamos ante un sumario ordinario (penas superiores a 6 años). Sin embargo, también se suelen aceptar los acuerdos. En este caso, sin embargo, el juez no queda exento de valorar las pruebas en la sentencia.

Son muy habituales, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, en los casos de terrorismo callejero o «kale borroka». Hace meses, hubo rumores de que la Fiscalía y la defensa de Iñaki Urdangarín intentaban llegar a un acuerdo, aunque las partes lo desmintieron de forma inmediata.