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Jueces y fiscales convocan un paro de una hora y no descartan ir a la huelga en enero

Día 28/11/2012 - 21.37h
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Piden entrevistarse con Mariano Rajoy por no considerar interlocutor al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón

Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran interlocutor al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, por lo que piden un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un documento en el que convocan un paro parcial de una hora el próximo 12 de diciembre.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido este miércoles para estudiar medidas de protesta, entre ellas la huelga, contra la Ley de Tasas Judiciales y la reforma de la justicia promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Las medidas acordadas suponen una reacción a la falta de diálogo a ese respecto de la que los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales acusan al ministro, a quien consideran «amortizado».

Aunque la falta de acuerdo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha llevado al resto de las organizaciones profesionales a aplazar una convocatoria inmediata de huelga, en la reunión se ha anunciado una posible convocatoria de esta medida para el próximo mes de enero. «El paro parcial provocará un perjuicio muy leve a los ciudadanos, pero supondrá también una máxima expresión de nuestro descontento, sobre todo unido a la petición de dimisión del ministro Alberto Ruiz Gallardón, que no ha sabido abrir una vía de diálogo tras las recientes manifestaciones de jueces y fiscales», ha señalado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

En un documento escrito acordado tras su reunión de esta tarde las asociaciones no piden expresamente la dimisión de Gallardón, aunque sí le descartan como interlocutor, por lo que piden «una reunión urgente con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy». «Si mañana el ministro nos llamara, le diríamos que hemos pedido la reunión con el Presidente», han señalado, en este sentido, Bosch y el portavoz de Francisco de Vitoria, José Luis Armengol.

La Comisión Interasociativa de Conflicto, que integra a todas las asociaciones, ha tomado varias decisiones tras la reunión mantenida esta tarde ante «la gravedad de la situación» provocada por las reformas en materia de Justicia que ha impulsado el Ministerio, las cuales, según han expresado sus portavoces hoy, van a provocar daños para el acceso a la Justicia de la ciudadanía.

En el documento aprobado se valoran las recientes manifestaciones contra las reformas de Gallardón de jueces y fiscales, se convoca un acto público contra éstas para el próximo 11 de diciembre, con participación de jueces y fiscales y medios de comunicación, y se convoca una posible huelga para enero si se aprueba la reforma prevista de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la reunión varias asociaciones han propuesto la convocatoria de paro de hasta una semana, pero tras la oposición a esta medida de la APM, que se ha quedado sola en esta posición, se han acordado medidas alternativas como el paro de una hora, según fuentes presentes en la misma. Aún así, la APM sí acepta convocar la huelga de jueces y fiscales en enero, como respuesta a la anunciada reforma del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.

Todos los portavoces han destacado la importancia prioritaria de mantener la unidad de acción entre todas las asociaciones de jueces y fiscales. «Los grupos parlamentarios y ciudadanos saben que esta unidad de acción hay que mantenerla a toda costa, porque lo que nos jugamos en este país es muy grave. La reforma que se nos plantea supone que la mayoría absoluta de un Gobierno pueda dañar la separación de poderes», ha señalado Ángel Dolado, portavoz de Foro Judicial Independiente. Los jueces y fiscales consideran que las reformas promovidas por el Gobierno van a deteriorar la situación de la Justicia, limitar la independencia del Poder Judicial y, en el caso de las tasas, limitar el acceso de los ciudadanos a la tutela de los jueces. Además, consideran que las medidas tomadas para limitar los desahucios son insuficientes. Junto a ello, han alertado de que la falta de previsión del Ejecutivo al derogar la anterior legislación de tasas sin que haya entrado en vigor la nueva está provocando que se deje de ingresar «mucho dinero» en las arcas públicas.

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