Rato y Blesa defenderán ante el juez que heredaron las tarjetas de sus antecesores

Así, tras tomar declaración a partir de las 15:00 horas al que fuera el exdirector general de Caja Marid con ambos expresdientes Ildefonso Sánchez Barco, el juez de instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, recibirá a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa -a las 16:00- y Rodrigo Rato -a las 17:00- para escuchar la versión de los hechos de cada uno de ellos dentro de la investigación sobre los gastos realizados por 86 consejeros con cargo a tarjetas «B» de Caja Madrid. Ambos intentarán justificar el por qué del uso de las mismas para costearse gastos que no se consideran como de representación (hoteles de lujo, exclusivas tiendas de moda, compras de alimentos, gasolina, etc).

Las mismas fuentes explicaron que en el caso de la declaración de Rato -presidente de Caja Madrid desde enero del 2010 y después de Bankia hasta mayo del 2012-, estará basada, en parte, en el dictamen jurídico encargado por la propia Bankia ya presidida por José Ignacio Goirigolzarri al bufete Herbert Smith Freehills. En él se argumenta que los 245.200 euros que se pagaron durante la presidencia de la caja del exministro de Economía del PP a 20 directivos entre enero de 2011 y mayo de 2012 no son responsabilidad de Rodrigo Rato y su equipo sino de «un estado de cosas preexistente».

Además, sus abogados trasladarán a Andreu que Rato en su momento entendió que el uso de esta tarjeta era un añadido a su sueldo por el que la entidad aplicaba las retenciones fiscales oportunas, ya que se trataba de tarjetas para gastos personales, complementarias a las profesionales, y que llevaban años utilizándose. De ahí que jamás pensara en que fueran opacas para el fisco, al tratarse de tarjetas en las que quedaban registrados todos los movimientos.

En las conclusiones de dicho informe, al que ha tenido acceso ABC (con fecha de 16 de junio de 2014) se asegura que «estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la continuación de un estado de cosas», por lo que los abogados del exministro querrán demostrar que Rato carece de una responsabilidad que debe atribuirse al equipo gestor anterior por cuanto «el designio o génesis, en el sectivo activo o positivo que exige la norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber tomado la decisión en el seno de Caja Madrid». Lo cual responsabiliza directamente a Blesa y a Sánchez Barcoj, si bien, sabía de la existencia de las mismas desde la etapa de la presidencia de Terceiro (desde 1988 a 1996).

Esgrimirán también que cuando accedió a la presidencia en 2010 decidió reducir este privilegio de los consejeros. Recordará que, entre 2011 y 2012, fue él precisamente quien decidió mantener estas tarjetas solo para cuatro grandes ejecutivos de Bankia (cinco cuando nombró a Francisco Verdú como consejero delegado en mayo de 2011): para el priopio Rato, para el consejero José Manuel Fernández Norniella, para Sánchez Barcoj y para el entonces director general Matías Amat. Ahora bien, las tarjetas del resto no desaparecieron porque los directivos seguían perteneciendo a Caja Madrid, que contaba con una estructura sumamente complicada derivada del SIP (Sistema Institucional de Protección surgido en 2011 de la fusión de los negocios bancarios de siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja).

Las fuentes afirman que Miguel Blesa también va a alegar que fue una situación heredada de la época anterior, con la presidencia de Terceiro que fue quién «lo inventó» en el año 88. Al parecer, la defensa de Blesa alegará falta de dolo e incluso desconocimiento de que la contabilidad y el uso de esas tarjetas estuviera fuera del circuito oficial. Una versión corroborada seguro una hora antes por su «mano derecha» Sánchez Barcoj, a quien Bankia señaló directamente en el informe en el que destapó el escándalo y que remitió al FROB, al atribuir a su dirección la gestión de las tarjetas.