Competencia multa a Endesa e Iberdrola con 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

El organismo regulador considera que se trata de una infracción muy grave porque «no se puede reducir la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica sin la correspondiente autorización», ha informado hoy la CNMC en un comunicado.

Nuclenor acordó el cese de explotación de la central burgalesa en diciembre de 2012 , casi seis meses antes de la fecha inicialmente autorizada.

Iberdrola y Endesa decidieron parar Garoña en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica y que, en su opinión, hacía la central «inviable».

Desde entonces, el Ejecutivo ha mantenido abierta la puerta a que la planta atómica retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta el 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad.

El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y dos días después el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si este es negativo obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

La CNMC acordó iniciar un expediente regulador contra Nuclenor en julio de 2013 (fecha en la que expiraba la autorización) por haber acordado el cierre de la central «sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran».

Seis meses antes, el consejo de Nuclenor había acordado «la adopción de las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre».

La parada efectiva de la central se produjo a las 22:57 horas del 16 de diciembre de 2012.

«La decisión de parar el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada», concluye la CNMC.

Por su parte, Nuclenor ha anunciado que recurrirá ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional porque la parada «estaba incluida en sus competencias y que no se requería autorización especial para dicha acción». En definitiva, la decisión de Nuclenor de parar la central fue «una decisión responsable y la única salida viable a la situación de insolvencia creada por la aprobación de la ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética».