IAG tumbará en el consejo del día 24 el preacuerdo entre Iberia y sindicatos

Aunque desde la compañía británica no hiceran ayer a ABC «ningún comentario sobre el proceso que está llevando a cabo la dirección de Iberia», las fuentes consultadas afirman que en la dirección de IAG reina el desconcierto por el contenido del preacuerdo, ya que tanto su presidente, Antonio Vázquez -también presidente de Iberia- como su consejero delegado en la española, Rafael Sánchez-Lozano, se habían comprometido, junto al resto de miembros del consejo en su última reunión, a aplicar un ERE de acuerdo al actual marco laboral. Contaban con que, de hecho, podría ser aceptado por el Gobierno. Incluso la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, recomendó a la compañía rebajar el número de despidos aplicando la reforma laboral cuando presentó su plan de reestructuración, el 9 de noviembre.

Sin embargo, la dirección de la española optó por recuperar el ERE 72/01, ya vigente, como «instrumento prioritario para solventar el posible excedente laboral»; es decir, se acordaba priorizar las prejubilaciones, hasta suponer dos tercios del ajuste de plantilla, y las bajas incentivadas. Se estableció un compromiso, además, de fijar un plan de inversión para la renovación de flotas y la no segregación de los negocios de «handling y mantenimiento» hasta 2017, al mismo tiempo que se exigió a todas las partes asegurar la «rentabilidad y eficiencia» de las rutas de corto y medio radio para «recuperar la producción que realizan otros operadores con código Iberia».

Según fuentes de la matriz, la cúpula directiva no contempla en cualquier caso otro escenario que no incluya un recorte de sueldos del 30% en la plantilla y la revisión de todos los privilegios del colectivo de los pilotos, ya que, afirman, los costes laborales en Iberia son extremadamente elevados, y es una de las causas determinantes de las pérdidas de la compañía y del deterioro de su competitividad.

Entre todas las líneas rojas, hay una que, a juzgar por los declaraciones de los directivos, no ofrece margen de negociación: la fecha para consensuar un plan de transformación con los trabajadores, fijada para el próximo día 31. Dicho límite se aproxima y las posiciones, en vez de acercarse, parecen distanciarse inevitablemente. Mañana, a partir de las 10.00 horas, se reunirán los representantes de las organizaciones con mayor representación en estos colectivos (CC.OO, UGT, USO, Sticpla, Asetma y CTA Vuelo) para decidir si responden con movilizaciones a la propuesta que la compañía les trasladó el pasado 3 de enero, el verdadero detonante de la ruptura de la mesa negociadora.

Aquel día la compañía remitió un comunicado en el que planteaba la posibilidad de reducir el número final de despidos (4.500 trabajadores) en, aproximadamente, 680 si los empleados aceptaban una rebaja de los salarios de un 3% adicional. El resultado de este nuevo ajuste dejaba las retribuciones de los tripulantes de cabina mermadas en un 38% y del personal de tierra en un 33%, «algo totalmente inadmisible», recalcan fuentes sindicales conocedoras del desarrollo de los encuentros.

Falta el visto bueno de todos las organizaciones, que suscribieron un acuerdo de coordinación para actuar en bloque. Pero esto no impide que ya cuenten ya con un calendario de paros sobre la mesa. Para respetar los trámites de convocatoria, estudiarán realizar las huelgas durante la última semana de este mes, con un mínimo de seis días de movilizaciones. El propósito es muy claro: no solo obstaculizar la actividad de la compañía, sino que el conflicto se extienda a los aeropuertos españoles gracias a los servicios de «handling», integrado por unos 6.800 trabajadores.

Los pilotos no participarán en esta reunión y tampoco se espera que se unan a las convocatorias, aunque se mantienen en diálogo con el resto de colectivos. Tras la aprobación del laudo que puso fin al conflicto con la compañía, Sepla ha apelado reiteradamente a una de las recomendaciones que les hizo el árbitro, Jaime Montalvo, para desmarcarse de los paros.

Precisamente, los trabajadores de tierra y tripulantes de cabina, que tachan la negociación de «fraude», pretenden contar con la intervención del Ejecutivo. El Gobierno ha insistido en que Iberia es una empresa privada y no puede interferir. Sin embargo, existe un precedente, si esos paros llegan a producirse: un nuevo proceso de arbitraje obligatorio.