El «laberinto lingüístico» para poder trabajar en la Orquesta Sinfónica de Baleares

El último ejemplo de ese «laberinto» se encontraría en la reciente convocatoria para cubrir plazas de forma eventual en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. A partir de ahora, la Orquesta Sinfónica priorizará la contratación de músicos que sepan catalán cuando tengan que llevarse a cabo sustituciones de carácter temporal. El nivel de catalán que deberán poseer dichos músicos será el B2 o avanzado . Aun así, en las bases de la convocatoria también se establece que para poder optar a presentarse a las pruebas previstas no será necesario tener el nivel de catalán exigido, sino sólo acreditar los estudios superiores del instrumento al cual se presente cada aspirante.

En cualquier caso, las condiciones lingüísticas exigidas ahora para trabajar eventualmente en la Orquesta Sinfónica no regirán para quienes son ya músicos titulares de la misma, 62 profesionales en total. De ellos, 37 son españoles y 25 son extranjeros, de 17 nacionalidades diferentes. Las citadas condiciones no afectan tampoco al director titular, Pablo Mielgo , ni a los solistas que colaboran en los conciertos, ya que su incorporación o su permanencia se rige por contratos externos.

El novedoso proceso de selección que se llevará a cabo para las sustituciones eventuales en la Orquesta Sinfónica es algo complejo. Hasta ahora, cuando se necesitaba cubrir una vacante de forma provisional, se llamaba a un músico directamente. A partir de ahora, como se ha señalado ya, será preciso presentarse a unas pruebas artísticas previas . Una vez realizadas dichas pruebas por parte de todos los aspirantes a una sustitución, el tribunal presente en las audiciones confeccionará un listado inicial. En dicho listado estarán incluidos todos los músicos que hayan aprobado las citadas pruebas artísticas, tanto los que tengan el título de catalán como los que no lo tengan.

En un segundo listado, considerado el definitivo o final, se incluirán sólo los músicos que hayan aprobado las pruebas y que tengan el preceptivo nivel B2 . Si no se pudieran cubrir todas las plazas vacantes con quienes integren dicho listado, «excepcionalmente» se recurrirá a quienes formaban parte del listado inicial pero no poseían el título de catalán. Existe además otra posibilidad, no recogida explícitamente en la convocatoria, ya que también se prevé que en casos de vacantes para las que se requiera una capacitación interpretativa especial, la valía técnica primaría sobre el conocimiento del catalán a la hora de contratar a un músico.

El «laberinto» normativo en la convocatoria laboral de la Orquesta Sinfónica se evidencia igualmente cuando se indica que los músicos que sean contratados sin tener la preceptiva titulación de catalán, deberán acreditar conocimientos de la lengua cooficial en un plazo máximo de un año si han sido contratados por un periodo de tiempo superior a los 18 meses. En caso contrario, se considerará extinguida la relación laboral. La bolsa de trabajo que en breve estará ya en marcha será válida durante un periodo máximo de un año. Aun así, la vigencia de dicha bolsa laboral podrá ser prorrogada por dos años. De momento, no están previstas oposiciones en la Orquesta Sinfónica.

El citado sistema de contratación temporal en la Orquesta Sinfónica se hace en cumplimiento de las exigencias lingüísticas fijadas por la Ley de Función Pública, que fue aprobada en 2007 por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas. El sustituto de Matas, el socialista Francesc Antich, mantuvo dicha norma sin cambios. En la pasada legislatura, bajo la presidencia del popular José Ramón Bauzá, se había modificado parcialmente esa ley. Con Bauzá, el catalán dejó de ser un requisito para pasar a ser sólo un mérito para poder ser empleado público. Ya en la presente legislatura, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS y de Podemos, aprobó derogar la reforma de Bauzá y volver al texto originario de la Ley de Función Pública.

En ese contexto, otro ejemplo del actual «laberinto» normativo en relación a la exigencia del catalán se encontraría en el ámbito sanitario. Así, tras varios meses de controversias, movilizaciones y dudas, Armengol aprobó finalmente el pasado mes de marzo el decreto que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros y auxiliares que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. Dicho decreto establece que se podrá presentar a oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística, que deberá conseguir en un plazo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo dicho profesional no pudiera acreditar un nivel básico de catalán, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

Ese punto concreto del decreto fue cuestionado por el Consejo Consultivo de las Islas Baleares en el preceptivo dictamen previo —no vinculante— que entregó a Armengol. El citado dictamen fue «favorable» al decreto, si bien del total de diez consejeros que integran el Consejo Consultivo, tres de ellos emitieron votos particulares, al entender que el texto podría ser total o parcialmente contrario a la ley.

Tanto el PSOE como MÉS o Podemos defienden la legalidad de las actuales exigencias lingüísticas en todos los ámbitos y niegan que tengan un carácter discriminatorio hacia quienes no han nacido en Baleares. Sin embargo, el PP o Cs consideran que con el requisito del catalán el tripartito estaría diciendo hoy de forma implícita o tácita a los profesionales foráneos: «Por favor, váyanse con la música —o la bata— a otra parte».