La Junta sólo ha paralizado en tres meses los desahucios de siete casas

El PP asegura que el Gobierno andaluz dispone de recursos para los alquileres sociales sin necesidad de dar una mala imagen en la UE y de hacer el ridículo

J. CEJUDO / J. MORILLO

26/06/2013
Actualizado a las 02:17h.

En los tres meses que lleva en vigor el decreto antidesahucios de la Junta, que en estos momentos se tramita en el Parlamento como proyecto de ley, sólo se han abierto siete expedientes para la expropiación de otras tantas viviendas a los bancos e inmobilarias, ... con el objetivo de evitar la salida de los inquilinos que corran riesgo de exclusión social. Un balance sumamente escaso para una normativa que ha servido, sin embargo, para que las autoridades de la Unión Europea den un serio toque de advertencia al Gobierno español, al que ha pedido explicaciones. Las expropiaciones, que constituyen el aspecto más polémico del decreto, podrían ser innecesarias si la Junta ayudara a las familias afectadas con un alquiler social, extremo en el que ayer insistió el PP.

El dicho «mucho ruido y pocas nueces» se ajusta a la situación que ha desencadenado el contenido de un decreto que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, un día después de su entrada en vigor, consideró que se trataba de una «demagogia sin límites» y un «mensaje equívoco» para los mercados internacionales.

Bancos andaluces

Incluso en los ámbitos financieros más próximos al PSOE el decreto levantó suspicacias. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, apuntó que «tiene aspectos negativos para reactivar la actividad inmobiliaria en Andalucía». Y Braulio Medel, presidente de Unicaja, alertó de los efectos negativos y advirtió de posibles consecuencias en los depositantes y ahorradores, así como de un encarecimiento del crédito hipotecario.

La normativa ha tenido la virtud, efectivamente, de provocar las reticencias de la Comisión Europea. Ayer, su portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor, lanzó un serio aviso y apuntó que «en particular, estamos preocupados por las disposiciones sobre sanciones y apropiaciones temporales, así como por la falta de claridad en la división de responsabilidades en esta cuestión entre las diferentes administraciones de España».

En particular, Bruselas teme que el decreto andaluz sea un precedente para actuaciones similares de otras comunidades autónomas y considera que no está clara la división de competencias en materia de vivienda entre el Gobierno central y regiones, lo que puede generar nuevos conflictos de competencias que socaven la confianza de los inversores. Además, Bruselas ha pedido a las autoridades españolas «evitar cualquier medida que pueda dificultar el logro de la estabilidad financiera», algo «esencial para crear la base de la recuperación de España».

Ayer, un día después de que la Comisión Europea pusiera en solfa la iniciativa del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán, a través de una carta remitida al ministro de Economía, Luis de Guindos, el PP andaluz subrayó que la Junta «ha hecho el ridículo más absoluto». La vicesecretaria de Organización, Ana María Corredera, resaltó que si el Gobierno bipartito de la Junta PSOE-IU aceptara las enmiendas que los populares han presentado al decreto durante su tramitación como proyecto de ley, evitaría el problema surgido en la Unión Europea. Las 82 enmiendas fueron ayer rechazadas.

¿Merece la pena Europa?

Corredera, además de preguntar con ironía si Griñán mantiene que «Europa no merece la pena», como el presidente declaró al surgir semanas atrás las primeras críticas contra el decreto, señaló que la Junta dispone de fondos para facilitar a las siete familias beneficiadas por las expropiaciones un alquiler social sin necesidad de dar una «mala imagen» ante la UE.

Según la dirigente del PP, Griñán debe aclarar si mantiene que «Europa no merece la pena» en una semana en la que Andalucía «se juega», entre otros fondos, los de la Política Agraria común.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se preguntó también si realmente la felicidad de las personas que se han acogido al decreto andaluz puede poner en «tela de juicio» la estabilidad financiera de un país como España. Según Vázquez, «es una inmoralidad, una exageración, afirmar que la felicidad de unos cientos de familias en situación de perder sus viviendas pueda desestabilizar un país».

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció a bombo y platillo el 9 de abril el decreto sobre la función social de la vivienda para evitar los desahucios.

La Junta ha impulsado en paralelo el denominado Programa en Defensa de la Vivienda al que se han adherido cerca de 200 ayuntamientos de toda la Comunidad.

Igualmente, se han abierto oficinas provinciales para el asesoramiento, la intermediación y la protección para combatir los desahucios en el conjunto de Andalucía.

En las últimas semanas la consejera Elena Cortés ha protagonizado una ronda de reuniones con diversos colectivos para explicar las «bondades» del decreto antidesahucios.

Pero fue la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, la que se trasladó a Bruselas para entrevistarse con el presiente del Parlamento Europeo, euncuentro que ha servido de bien poco.