La Generalitat obligaría a los municipios «rebeldes» a poner las urnas

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha presentado hoy en rueda de prensa el dispositivo logístico preparado para la consulta del 9 de noviembre sin adelantar cómo actuará si el Tribunal Constitucional (TC) la suspende, advirtiendo que no va a entrar en «actitudes preventivas», porque está convencida de que es «legal, constitucional y estatutaria».

De acuerdo con los datos que maneja la Generalitat, y que Ortega ha advertido que aún son provisionales, podrán votar en la consulta 5,4 millones de catalanes, más otros 2.457 de los más de 200.000 que residen en el extranjero, solo los que hasta el día antes de la firma de la convocatoria se habían inscrito en el registro que el gobierno catalán abrió hace unos meses.

Según Joana Ortega, está previsto que se instalen 8.130 mesas de consulta, con un total de 10.800 urnas, en 2.718 locales de todos los municipios de Cataluña, para lo que ya se ha facilitado a los ayuntamientos el listado provisional de esos espacios, con un plazo de diez días para que puedan «presentar alternativas». La vicepresidenta ha asegurado que, pese a las declaraciones públicas de algunos alcaldes, la Generalitat no ha recibido hasta ahora ninguna notificación oficial de ayuntamientos que estén en desacuerdo con ceder sus espacios para acoger las urnas. En todo caso, «no será por locales que la gente no podrá ejercer su derecho a voto, la Generalitat lo garantizará», ha asegurado Ortega, que no ha precisado de qué forma lo hará el gobierno catalán y se ha limitado a defender que colaborar en la consulta «es cumplir con una ley» aprobada por el Parlament.

Joana Ortega se ha mostrado también convencida de que 24.390 miembros titulares de mesas de votación que deberán ser elegidos por sorteo cumplirán con su «deber cívico» de acudir, pese a reconocer que no están obligados a hacerlo -al contrario de lo que sucede con los procesos electorales- y que la ley de consultas prevé que puedan renunciar a comparecer. En ese caso, ha detallado Jordi Barrat, subdirector general de Relaciones Institucionales de la Generalitat, está previsto que haya suplentes, que se pueda realizar un nuevo sorteo -si la persona elegida anuncia su renuncia por escrito, como establece la ley de consultas- o incluso que la mesa se constituya con las primeras personas que acudan a votar, como prevé la legislación electoral.

Además de los 5,4 millones con la «condición política» de catalanes cuyos datos ha extraído la Generalitat del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que se nutre de padrones municipales, el 9N podrán votar los extranjeros comunitarios con un año de residencia y los no comunitarios que lleven al menos tres años viviendo legalmente en esta comunidad. Sin embargo, para votar los extranjeros deberán solicitar formalmente poder participar en la consulta entre los días 1 y 7 de octubre próximos, para lo que deberán aportar el certificado de empadronamiento que le facilite su ayuntamiento. Ortega ha insistido en que la Generalitat «no está haciendo un uso ilegal de ningún dato», dado que el registro de que se dispone para la consulta «es fruto del desarrollo de la ley de consultas, aprobada por el Parlament con una amplísima mayoría».

Junto a la votación presencial, está previsto que puedan participar de forma anticipada por depósito, entre los días 20 y 25 de octubre, los trabajadores movilizados el 9N, personas dependientes, hospitalizados, presos y residentes en el extranjero. Siete comisiones de seguimiento, integradas por juristas y politólogos, se encargarán de supervisar el proceso de consulta, ha añadido Ortega, y el próximo miércoles se designará a los miembros de la Comisión de Control que debe garantizar su legalidad.

El Departamento de Gobernación firmó ayer cuatro convenios con entidades que colaborarán en la consulta: con el Centro Tecnología de la Información encargado de gestionar los datos del registro, con el Idescat del que se extraerán los datos censales, con el Departamento de Presidencia para disponer del registro de catalanes en el extranjero, y con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), cuyos presos confeccionarán el material para el 9N