China extrema su seguridad hasta límites insospechados ante el congreso del PC

Además, y según informan las agencias internacionales, la Policía ha obligado a muchos taxis a retirar la manecilla de las ventanas traseras, o a bloquear sus elevalunas eléctricos, para impedir que los descontentos con el régimen arrojen octavillas por el centro de la ciudad. El celo por la seguridad es tal que se ha prohibido la venta de cuchillos y, para comprar un avión teledirigido, hay que registrarse antes en la Comisaría. Incluso aquellos que gustan de criar palomas en sus casas, una tradición muy arraigada en los «hutongs» (callejuelas) del viejo Pekín, no podrán echarlas a volar los días que dure el Congreso. Aún no está muy claro si así se pretende evitar que transporten mensajes subversivos o que ensucien los relucientes Audis A6 negros que suelen conducir los capitostes del Partido Comunista .

Por los parques de Pekín también están ya patrullando cientos de agentes en busca de pelotas de «ping-pong» con supuestas proclamas contra el régimen, que ha vuelto a reforzar la censura en internet bloqueando la búsqueda de términos como «XVIII Congreso». Como en mandarín se pronuncia «Shibada» , los ingeniosos internautas chinos han vuelto a demostrar que están acostumbrados a tales restricciones recurriendo a otra palabra que en su idioma suena parecido: «Sparta».

Tal y como denuncia Amnistía Internacional (AI), unos 130 disidentes han sido detenidos o confinados bajo arresto domiciliario y en «cárceles negras» , como se conoce a los hostales o sótanos al margen de la ley donde la Policía recluye a los activistas y «peticionarios». «Mientras una nueva generación de dirigentes se prepara para tomar el poder en China, somos testigos de las mismas tácticas de represión contra aquéllos que son lo suficientemente valientes como para desafiar al régimen luchando por sus derechos humanos», criticó en un comunicado Roseann Ride, responsable de AI en Asia Oriental.

A tenor del periódico «Global Times» , altavoz del Partido Comunista en inglés, «las autoridades de Pekín han tratado 33.000 casos criminales y más de 10.000 sospechosos han sido detenidos desde agosto». Como consecuencia, las quejas de los «peticionarios» han caído un 12 por ciento. En diez días, además, se han cerrado 1.725 negocios por irregularidades con las licencias. Todo con tal de que ningún vendedor ambulante sin papeles haga descarrilar la transición de poder en China.