El Supremo equipara el catalán y el valenciano

«Se trata, por lo tanto, de una más que notable base jurídica , sin que se haya producido ni un solo pronunciamiento de ningún tribunal en sentido contrario», subrayan desde la organización, que reclama al Consell que «deje de hacer el ridículo» acudiendo a los tribunales por esta cuestión. La entidad recalca el hecho de que esta nueva sentencia recoge los fundamentos de las resoluciones anteriores y reproduce gran parte del contenido. Pero, además añade dos textos nuevos que son «significativos». El primero de ellos, según señala ACPV, es el fundamento jurídico primero cuando dice que «(...) la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Supremo sobre el carácter de lengua común que, tanto en el ámbito científico y académico como en la legislación estatal de educación, se atribuye al idioma conocido con las denominaciones de 'catalán' y 'valenciano». «Es decir -apunta la entidad cultura- que « el Tribunal Supremo habla de lengua común, tanto si recibe el nombre de 'catalán' como de 'valenciano» . También llama la atención sobre el fundamento jurídico cuarto, que apunta que "(...) aunque la Administración recurrente no lo comparta, sí que le da respuesta con esta concreta solución: que la equivalencia valenciano/catalán reconocida en los ámbitos académico y científico", según la jurisprudencia. Esto es, que el Tribunal Supremo «reitera que valenciano y catalán son la misma cosa porque así se reconoce académicamente y científicamente y, con estas sentencias también, jurisprudencialmente».

Además de la cantidad de sentencias, ACPV valora también «la calidad» , ya que «todas las instancias judiciales posibles» -Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Justicia Valenciano- se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este tema y han avalado tanto la unidad de la lengua como la validez del nombre de catalán para denominar a la lengua de la Comunitat Valenciana Por esta razón, Acció Cultural pide «una vez más al Gobierno valenciano que acepte la realidad que señala la filología y reconocen los tribunales, y acabe con la politización de la lengua y el falso conflicto en torno al nombre, para permitir trabajar a favor de su promoción social». "La politización partidista de la lengua de los valencianos no es sino otra manera de dificultar y marginar su uso", asevera. Finalmente, califica de "lamentable que el coste económico de esta posición irresponsable deba recaer en los presupuestos públicos, puesto que cada sentencia en su contra implica una condena a costes a la Generalitat valenciana (y en los últimos tres años los costes por estas sentencias son de 31.500 euros, esto es, el equivalente al sueldo de un profesor, pagados por todos los valencianos).