Padres e Hijos

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Una de cada diez rupturas matrimoniales acaban en custodia compartida

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El Congreso presentará dentro de seis meses una Ley nacional de Custodia Compartida que priorice los intereses de los hijos

Día 14/06/2012 - 13.58h
Una de cada diez rupturas matrimoniales acaban en custodia compartida

El 10,5 por ciento de los divorcios, separaciones y nulidades en los que hay hijos de por medio se saldan con la custodia compartida entre ambos progenitores, mientras que en ocho de cada diez casos la responsabilidad recae sobre la madre y, en algo más del cinco por ciento, sobre los padres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística recopilados por Europa Press, esta viene siendo la realidad en los últimos años analizados.

En 2010 se sellaron 54.055 rupturas matrimoniales con hijos y en 5.695 casos, el juez decretó la custodia compartida que ahora el Ministerio de Justicia estudia imponer como modelo preferente. En esta línea, en el 57,1 por ciento de las rupturas se asignó pensión alimenticia que, en casi 9 de cada diez casos (87,5%) debía pagar el padre, frente a un 5,3 por ciento de disoluciones en las que recayó sobre la madre y el 7,5 por ciento en que se impuso que la compartieran ambos progenitores.

En total, casi un 58 por ciento de los matrimonios disueltos en 2010, el último año del que se tienen estadísticas oficiales, y, de ellos, cerca de la mitad tenían sólo hijos menores de edad, el 3,8% solo hijos mayores de edad dependientes y el 4,8 por ciento, de ambos grupos.

Además, en el 28,5 por ciento de los casos había un hijo único. El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, se ha comprometido este miércoles en el Congreso a presentar en seis meses una Ley nacional de Custodia Compartida que priorice el derecho del menor por encima del de los padres, y donde sea el juez el que tenga la libertad de elegir el modelo que considere más conveniente para el niño, si la custodia compartida o la monoparental, y el tiempo que deben estar con sus respectivos progenitores.

En la actualidad, distintas comunidades autónomas, como Aragón o Comunidad Valenciana, ya disponen de normativas propias que establecen como modelo preferente este modelo de custodia.

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