El Tribunal de Cuentas fiscalizará la gestión irregular del PSOE en un fondo de cooperación

En este programa, aprobado en dicha reunión y elevado a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se recoge la decisión de fiscalizar «por iniciativa» de este organismo «las inversiones financieras permanentes en el exterior y organismos internacionales, gestionadas por la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (antes Ministerio de Economía y Hacienda)». El Tribunal de Cuentas especifica que su investigación se centrará fundamentalmente, en aquellas «correspondientes al Fondo General de Cooperación de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)» .

El origen de esta decisión del Tribunal de Cuentas está en la denuncia que presentaron un grupo de trabajadores españoles del Banco Interamericano de Desarrollo, alertando sobre una serie de ilegalidades. Un informe, que adelantó ABC en su edición del pasado 2 de octubre de 2011, y que detalla hasta cuatro tipos de irregularidades.

La primera de ellas afectaría a la funcionaria internacional del BID, Carmen Albertos, que gestiona este fondo, siendo miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Washington . Los denunciantes aseguran que se está incumpliendo el Código Ético del BID que afirma que «los empleados no podrán participar en actividades políticas o partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo público o político», debiendo renunciar a su cargo en el Banco.

La segunda irregularidad se refiere a la delegación de autoridad que el Ministerio hizo a favor de Carmen Albertos para «la aprobación de cooperaciones técnicas por importe de hasta cien mil euros cada una de ellas». En este sentido, advierten que «esta delegación de autoridad se concedió a favor de una persona que no es autoridad pública española ni funcionaria de la Administración General del Estado, sino que es funcionaria internacional del BID».

A Carmen Albertos le imputan estos trabajadores haber aprobado cuatro cooperaciones técnicas, entre 2007 y 2009, por una suma total de 380.564 euros, teniendo como beneficiario directo a Juan José Llisteri, funcionario internacional del BID y «también miembro de la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Washington. Es decir, colega de Carmen Alberto por partida doble» . Tres de estas cooperaciones fueron aprobadas por la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), «lo cual demuestra que el MEH ampara los conflictos de interés dentro del BID en aras de intereses partidistas».

La cuarta cooperación técnica, «en beneficio de su colega en el PSOE de Washington, fue aprobada directamente por Carmen Albertos en junio de 2009, en virtud de la autoridad que le concedió el Ministerio».

La tercera irregularidad que plantean es «la ausencia de fiscalización del Ministerio de Economía» a estos fondos y, finalmente, denuncian «la falta de control del Ministerio, que no evalúa ni el impacto ni la eficacia de los proyectos de cooperación, tal y como reflejan los informes anuales de 2008 y 2009».

El Ministerio de Economía y Hacienda, entonces dirigido por Elena Salgado, negó en una nota enviada a ABC las denuncias de los trabajadores, pero estos sostienen sus acusaciones y han seguido adelante hasta que el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir la investigación.

Además de fiscalizar este fondo concreto que se destina al Banco Interamericano de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas también ha decidido fiscalizar las cuotas a organismos internacionales y «las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009.

Las irregularidades que han denunciado los trabajadores españoles en el BID también ha sido puestas en conocimiento del presidente de este organismo internacional, Luis Alberto Moreno. Así consta en la carta que le ha enviado Beatrice Edwards, directora ejecutiva de Government Accountability Project (GAP), una organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión, y a la que ha tenido acceso en ABC. En la misma, alerta sobre la debilidad de los «controles internos» de este fondo y del «conflicto de intereses» que se produce en la gestión de Carmen Albertos.