Viaje a las embajadas catalanas del derroche

Sostiene Mas que la acción exterior es uno de los pilares fundamentales para situar la economía catalana en el mundo y fomentar la cultura y la lengua más allá de las propias fronteras. Sin embargo, como el propio líder de CiU admite, las arcas autonómicas están en números rojos, lo que ha puesto la amplia red de delegaciones, oficinas y «casales» catalanes en el exterior en el punto de mira de los organismos de la Generalitat susceptibles de ser recortados.

Cataluña no es la única comunidad autónoma con representación en el exterior, pero su red es tan extensa que da lugar a duplicidades y a un cierto tufo pancatalanista. Y es que, paralelamente a las 27 agencias comerciales creadas por la Generalitat —denominadas Acció y que dependen de la Consejería de Empresa y Empleo, que destina 11,7 millones de euros a su funcionamiento — para atraer a inversores extranjeros, el Gobierno catalán mantiene esas «embajadas» de dudosa utilidad. Todas ellas —a excepción de la de Bruselas, heredera del Patronato Catalán Pro Europa abierta en 1994—, fueron creadas por el tripartito. Es precisamente durante este mandato cuando la obsesión por el patriotismo sin fronteras de ERC, avalado por el PSC, alcanzó su punto álgido, hasta llegar a los 56 millones de euros presupuestados para 2010.

Mantener las delegaciones cuesta al año 1,1 millones de euros y sus respectivos responsables cobran 80.000 euros. La mayoría están situadas en zonas exclusivas de esas ciudades. La de Nueva York, emplazada en el emblemático edificio Rockefeller Center, es la más llamativa en este sentido, pues su alquiler asciende a 473.000 euros al año. El alquiler de la delegación en París asciende a 416.000 euros al año, mientras que la de Berlín llega a los, 60.000 euros.

El PP ha puesto la reorganización de estas «embajadas» como condición para revalidar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat. De hecho, los populares exigieron durante la negociación de las cuentas de 2011 que esas delegaciones se dediquen exclusivamente a cuestiones comerciales y no identitarias, y funcionen perfectamente coordinadas con las embajadas españolas. También reclaman que solo se mantegan aquellas oficinas que resulten más rentables económicamente . Por su parte, fuentes del gobierno autonómico aseguran que antes de fin de año se llevará a cabo la reestructuración de esas oficinas, lo que podría implicar la eliminación de una de ellas, y recuerdan que el Estatuto catalán avala esa función exterior.

Pero la presencia catalana en el exterior, dirigida por la Secretaría de Asuntos Exteriores, dependiente del departamento de Presidencia de la Generalitat, es mucho más amplia e incluye también 95 comunidades catalanas en el resto de España o en el extranjero, los llamados «casales». Tradicionalmente, estas casas regionales se han beneficiado también de importantes subvenciones. Este año hay presupuestados 1,2 millones, algo menos de los 1,8 millones recibidos el año pasado. Osaka, Guayaquil o Vancouver, Pekín o Reikiavik son algunas de las ciudades donde la comunidad catalana está presente.

Cataluña también dedica parte de su presupuesto a la ayuda al tercer mundo mediante la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que supone un gasto de 22 milones de euros al año , a los que hay que sumar otros once millones que otros departamentos de la Generalitat destina a la solidaridad internacional. La ACCD atraviesa actualmente por un Expediente de Regulación de Empleo que podría dejar su plantilla de 93 trabajadores en la mitad. Tiene presencia en Marruecos, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, Guatemala y Colombia.

En el ámbito estrictamente cultural, la Generalitat difunde la lengua catalana a través del Instituto Ramon Llull, el equivalente al Instituto Cervantes español, con sedes en París, Londres, Nueva York y Berlín, ciudades en las que comparten dependencias con las «embajadas» catalanas. Este organismo gestiona, con un presupuesto de 12 millones de euros, los cursos de lengua y cultura catalanas en 125 universidades presentes en 32 países agrupadas, desde 2002, en la Red Universitaria de Estudios Catalanes en el Exterior. El coste aportado para esos cursos por todos los departamentos de la Generalitat supera los cuatro millones de euros.

Las ansias expansivas del nacionalismo catalán ha jugado malas pasadas al Gobierno autonómico de turno. La foto de Carod-Rovira con la corona de espinas durante una visita a Israel o la guerra de banderas protagonizada por él mismo o por el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol —debido al empeño de anteponer la «senyera» a la bandera española en los actos— son algunos de los conflictos diplomáticos registrados en el largo historial de viajes institucionales del Ejecutivo autonómico.

Efectivamente, fue el primer Gobierno de Pujol el que sentó las bases de esa proyección en el extranjero. La primera Casa de Cataluña en París fue un proyecto de Jordi Pujol , inaugurado en 1998. El presidente Pasqual Maragall y Carod-Rovira desmantelaron el proyecto original en 2007, para transformarlo en Delegación del Gobierno de Cataluña, con pretensiones diplomáticas. Sin duda es un buen ejemplo de la errática política «exterior» de la Generalitat.

Con un presupuesto de lanzamiento de unos 800 millones de pesetas de la época, La Maison de la Catalogne en París se instaló en el Pasaje de St.-André-des-Arts, en el corazón histórico de St.-Germain, el barrio más caro de París. La idea original era muy simple: montar un gran restaurante de gastronomía catalana, cuyas ganancias presumidas servirían para promover el turismo, las artes y la cultura catalana, en unos locales que tenían tres plantas y permitían diferenciar las distintas actividades gastronómicas, artísticas y culturales.

Aquella primera Maison de la Catalogne tuvo cierto éxito. Pero entró en crisis tras la llegada al poder del primer tripartito , que aplicó destituciones fulminantes y filtró cifras catastróficas sobre la gestión «pujolista»: una deuda acumulada de más de 300.000 euros.

Maragall comenzó por exigir «tratamiento diplomático» para sus nombramientos, causando ciertas tensiones con la embajada de España. El primer equipo nombrado por Maragall terminó por precipitar una gravísima crisis económica, asumida por Carod de manera muy personal: cambió a la delegada del Gobierno catalán para nombrar en el cargo a su hermano.

Las deudas y déficits acumulados aconsejaron pronto el cierre definitivo de la primera Maison de Catalogne, víctima de la incompetencia gestora: un restaurante catalán instalado con subvenciones era gravemente deficitario. Con el cierre de la Casa de Cataluña, el Gobierno tripartito decidió «unificar» los servicios gubernamentales en París , nombrando a un equipo gestor, instalado muy lejos de las zonas de negocios donde suelen instalarse las delegaciones de empresas privadas.

Abandonado el local de 300 metros cuadrados, en el Barrio Latino, el Gobierno de Cataluña instaló sus nuevas delegaciones centralizadas en dos grandes pisos en un barrio acomodado, como terminó haciendo con el resto de «embajadas».