Imputan al alcalde de Teror cuatro casos de corrupción urbanística

La causa —con fecha del 10 de febreo de 2010— se instruye como resultado de la denuncia llevada a cabo por el edil de la oposición Cornelio Santana (Centro Canario Nacionalista), la cual ha sido investigada por la Unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.

Ante la negativa a declarar de los imputados, la magistrada de Arucas ha permitido el acceso a las actuaciones a mediados de esta semana para volver a tomar declaración a los imputados en fechas próximas. En las correspondientes diligencias judiciales, se desglosan cuatro casos urbanísticos en los que se les imputan los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

El primero de los casos hace referencia a la construcción de dos bloques de Protección Oficial en los que no se llegó a desarrollar previamente la correspondiente Unidad de Actuación, y sin haberse tramitado ni ejecutado el correspondiente proyecto de urbanización. Dichos inmuebles, situados en el barrio de Los Llanos, se configuraron para 12 viviendas cada uno.

El segundo versa sobre la construcción de un edificio de uso residencial y comercial (viviendas, locales y aparcamientos) del paseo González Díaz, realizado con una altura de dos plantas más de las permitidas por la normativa urbanística. De hecho, el citado inmueble se sitúa dentro del Conjunto Histórico del municipio. El siguiente punto de referencia de las diligencias se fundamenta en una nave-almacén destinada para el envasado de agua mineral y sustentada en unos 2.100 metros cuadrados de superficie. Dicho inmueble no contó con la preceptiva licencia municipal de obras, además de invadir el espacio libre destinado a parque público y viales.

El último caso se cimenta en los aparcamientos dispuestos sobre el cauce del barranco de Basayeta, situados en suelo Rústico calificado de Protección Hidráulica, en contra de lo establecido en la normativa urbanística. Además, tampoco cuenta con la correspondiente licencia de instalación y apertura.

Al regidor socialista se le imputa el delito de prevaricación, en los tres primeros casos, y tráfico de influencias en el último, por la doble condición de ostentar el cargo de presidente y alcalde. En cuanto al secretario del Ayuntamiento, se le imputan tres delitos de prevaricación general (art. 404) y otro de prevaricación urbanística (art. 320). Respecto al arquitecto municipal, Germán Acosta, se habla de cuatro delitos de prevaricación urbanística y otro de falsificación documental (art. 390.4), los mismos cargos que al abogado de la Oficina Técnica municipal.