Piden medidas cautelares contra el cierre del Valle de los Caídos

Dichas medidas llegan en un momento especialmente sensible al no existir, indican desde la Asociación, «ningún acuerdo entre los monjes benedictinos, Patrimonio Nacional y la Delegación de Gobierno, tal y como se ha dicho. Lo único que estas dos últimas instituciones han asegurado es que se va a proceder al mallado de “La Piedad” y a la colocación de una estructura de protección a la entrada de la basílica para garantizar la seguridad de los fieles, en un plazo de ejecución de un mes y medio y con un coste de 100.000 euros».

Independientemente de los acuerdos, en las cautelares la Asociación aporta un informe pericial en que se asegura que, con independencia de que determinados elementos como «La Piedad» o «Los Evangelistas» tengan que ser rehabilitados, no existen proyectos para esas rehabilitaciones. «No han dicho ni cuándo empiezan, ni cuáles son los elementos sobre los que se va a actuar, ni el coste, ni la duración», indica el abogado de la Asociación, Pedro Cerracín. «No creemos —continúa— que para hacer la rehabilitación de un elemento del conjunto escultórico tengan que cerrar todo el Valle, y sí que mientras se decide la rehabilitación se pueden adoptar medidas de seguridad». Para ello pone como ejemplo un derribo en la Castellana. «¿Tendrían que cerrar por ello esta principal arteria de Madrid?», se pregunta. «En 2010 no se sostiene técnicamente que para reparar esas esculturas sea necesario este cerrojazo». Además, en el informe se sostiene que las obras se pueden realizarse bajo medidas de seguridad de bajo coste que se instalarían en un máximo de tres semanas y denuncia que en realidad, desde que se cerró hace ya siete meses, no se ha emprendido ningún tipo de restauración.

El abogado de la Asociación advierte, también, de las importantes consecuencias económicas que tiene para la zona la decisión de mantener el Valle cerrado desde el pasado 3 de abril, que alcanzan la cantidad de 1.333.000 euros de pérdidas en taquilla, y que pueden alcanzar los dos millones de euros anuales, según sus estimaciones. No queda ahí la cosa, concluye. «Esta actuación impide la entrada de más de 500.000 visitantes y afecta a la situación laboral de más de un centenar de personas que trabajan en las instalaciones del recinto, como personal de seguridad, taquilleros, bedeles, o jardineros, entre otros».