Siete de cada diez médicos han sufrido amenazas o agresiones de los pacientes

El doctor Fuertes ha destacado un "aumento de las agresiones a facultativos", en su mayoría verbales y por motivos burocráticos o de gestión, como el manejo de las bajas laborales o la expedición de recetas. Andalucía, la Comunidad de Madrid y Canarias destacaron como "las comunidades autónomas donde se han registrado más amenazas", mientras que Aragón, Galicia y Cantabria fueron "las autonomías con menos", según esta encuesta, que cuenta con opiniones de médicos de 45 años procedentes de toda España, salvo Ceuta y Melilla.

También según este trabajo, el 22 por ciento tenía problemas legales relacionados con algún paciente en el momento del estudio y casi la mitad (49%) conocía a alguien en su entorno laboral que tenía este tipo de conflictos.

El 65 por ciento de los encuestados achaca estos problemas médico-paciente a la "mala educación sanitaria" de la población y casi la mitad (48%) cree que influyen también en estos comportamientos la información que los pacientes leen en Internet y los problemas de entendimiento o cultura que plantean los pacientes extranjeros. Un 63 por ciento señala que también "crea enfrentamientos" entre médico y paciente la "confusión normativa" generada por las distintas regulaciones que se ponen en marcha desde el Estado y desde las comunidades autónomas.

Casi la mitad de los encuestados (40%) culpa también de esta situación al hecho de que los pacientes "abusan de la sanidad pública", sobrecargando por ejemplo los servicios de urgencias y reduciendo el tiempo mínimo a dedicar a las consultas. Ante esta situación, casi la mitad (46%) de los médicos no confía en la justicia para resolver sus problemas con los pacientes, porque consideran su trato al facultativo 'malo' (22%) o 'muy malo' (24%).

Asimismo, el 38 por ciento de los médicos considera que los jueces "no valoran ni comprenden su trabajo". Además, el 76 por ciento de los encuestados piensa que los gestores de sus centros "toman partido antes por el paciente que por el médico" cuando hay conflictos y también este porcentaje reconoce escasa su formación jurídica.

Para Fuertes, la solución pasa por aumentar el número de médicos y reducir así la presión asistencial, sobre todo en Atención Primaria, donde un profesional puede llegar a tener que ver en una tarde "a entre 120 y 130 pacientes" y con frecuencia se detecta el síndrome del profesional 'quemado' por el estrés laboral.

También hay que mejorar la educación sanitaria de los pacientes, que han perdido la concepción del facultativo como autoridad intocable y tienen unas "expectativas demasiado elevadas" de lo que pueden demandar a su médico. "Los pacientes vienen a pedir felicidad a las consultas de los médicos y eso crea frustración", dice.

Por su parte, el doctor José Godino Izquierdo, presidente de la sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga -actual tribunal enjuiciador del 'Caso Malaya'-, ha destacado también el "notorio" aumento, registrado en los últimos tiempos, de las querellas y demandas contra médicos, sobre todo por lo civil.

En concreto, según una encuesta de más de 1.900 sentencias, entre 1.700 y 1.800 fueron reclamaciones civiles, 134 sentencias penales y 114 contencioso-administrativas. "Quiere decir que, de cada cuatro sentencias, tres se ubica en la jurisdicción civil. Se trata de reclamar dinero por el daño que se ha ocasionado, objetivamente, por un médico o personal sanitario", ha resaltado.

"En las sentencias condenatorias por pacientes que han agredido al médico, la inmensa mayoría (98%) han sido agresiones verbales, amenazas o insultos y sólo entorno al 2 por ciento agresiones físicas, que pueden ser muy distintas, desde un pequeño hematoma en un brazo hasta un navajazo", apunta. A juicio de este experto, reducir las agresiones a profesionales sanitarios pasa por instaurar cámaras y medidas de seguridad en las consultas --como botones del pánico o varias puertas--; incrementar las penas para estos delitos o realizar la reforma legislativa que convertiría al médico en una autoridad pública, una situación reconocida ya por una sentencia de 2007.