Los jueces condenaron en un año a 135 menores por maltratar a sus padres

Las denuncias mantienen una progresión creciente aunque es difícil facilitar datos precisos porque muchas veces los asuntos se registran bajo el epígrafe de lesiones o insultos y no bajo el de violencia doméstica. Pero las deficiencias en la nomenclatura no ocultan la realidad de unos padres que, cada vez con más frecuencia, acuden a la Fiscalía para contar el infierno en que sus hijos convierten la convivencia familiar. La desesperación llega a tales niveles que se niegan a seguir haciéndose cargo de sus vástagos, pese al desgarro emocional que les supone dar ese paso.

«De forma diaria se recibe en la guardia a padres con quejas y consultas respecto de sus hijos menores». Se observa, añade la Delegada de Menores de la Fiscalía de Valencia, Gema García, «cada vez más casos de padres que, ante la negativa del fiscal a internar a su hijo en el proceso de reforma, manifiestan que lo dejan, que lo llevemos a un centro». Al final, la comparecencia termina con «el ingreso del menor en un centro de protección».

Durante el pasado año, la Fiscalía de Valencia incoó 583 diligencias contra menores por agredir a padres y parejas sentimentales. En 100 casos los maltratadores eran niños, tenían menos de 14 años, y quedaron impunes porque la ley impide actuar sobre ellos. En este tramo de edad los casos de maltrato a familiares y novias pasaron de 66 a 100, lo que se traduce en un incremento superior al 50 por ciento.

La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para que los fiscales tramiten con la máxima celeridad estos procedimientos. Ordena que en caso de malos tratos habituales que desembocan en «situaciones familires insostenibles», se acuerde el alejamiento y se adopten medidas cautelares, de manera que, sin ser privado de libertad, el menor salga de su domicilio habitual y resida en un centro de protección o conviva en un grupo familiar o educativo y se someta a tratamiento terapeutico.

La coordinadora de Menores de la Fiscalía de Valencia apuesta por la prevención y reclama escuelas de padres en los centros escolares «como recurso de aprendizaje y dotación de medios para enfrentarse a los retos que los hijos pueden plantear».

García pone como referente la escuela de padres puesta en marcha no en un centro escolar sino en un centro de menores al que son derivados los chavales que transgreden la ley: Se trata de la Colonia San Vicente Ferrer en Valencia. «La puesta en marcha de la escuela de padres ha contribuido notablemente a la reeducación y reinserción de los menores que incurren en este tipo de delitos», explica la fiscal coordinadora, quien precisa que «se ha logrado una elevada tasa de éxito en el retorno pacífico de los menores a la convivencia familiar». La Colonia San Vicente Ferrer dispone en la actualidad de un chalé con 12 plazas para someter a terapia a padres e hijos que se han visto envueltos en estas situaciones de violencia intrafamiliar.

En no pocas ocasiones, tras esos episodios de agresividad se esconde un trastorno mental no diagnosticado o mal tratado. El Ministerio Público ha denunciado la «grave carencia» de centros de protección de carácter terapéutico para atender a menores con problemas de conducta.

Las condenas por maltrato son, con todo, una parte residual de las sentencias dictadas por los Juzgados de Menores, que ven, con mucha más frecuencia, otro tipo de delitos.

Sin establecer discriminiaciones entre la tipología delictiva, el 95 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de Menores de Valencia durante 2009 fue condenatoria y la mayoría de ellas, dictada por conformidad, esto es, con la confesión del adolescente acusado.

Así se desprende de los datos incluidos en la Memoria de la Fiscalía de Valencia, según la cual, los juzgados de la capital enjuiciaron a 2.186 menores; dictaron 1.557 sentencias. 79 de estas resoluciones judiciales que ponen fin al procedimiento fueron absolutorias; el resto, 1.478, terminaron con la condena del menor o menores acusados.

En la mayoría de los casos, el juicio fue un visto y no visto porque el menor se declaró culpable y se benefició de una rebaja en la condena sobre la petición inicial del fiscal. El 63 por ciento de las sentencias condenatorias, esto es, 1.010 de 1.478, fue por conformidad.

La cifra de sentencias dista mucho de las causas abiertas contra menores. No en vano, en 2009 la Fiscalía incoó 11.080 diligencias preliminares, sobre todo por hurtos y robos, pero también por lesiones, por agresiones sexuales y por delitos contra la seguridad vial y la libertad. Casi el 80% de las mismas se archivan tras una primera intervención del Ministerio Público y de los equipos técnicos sin necesidad de proseguir con la tramitación del caso hasta llegar al juicio. Sin olvidar que el 41% de esas diligencias preliminares (4.561) afectaban a delitos cometidos por menores que aún no habían cumplido los 14 años, razón por la que fueron archivadas automáticamente. Hubo 3.343 menores, el 34% del total de los que delinquió, que infringió la ley y no recibió ningún castigo por ello. Pero 2.186 terminaron sentados en el banquillo de los acusados.

En los delitos en los que se llegó hasta el final, la libertad vigilada fue la sanción a la que más recurrieron los jueces valencianos (acordaron esta medida en 695 casos); en 343 casos se impuso al menor la obligación de realizar tareas socioeducativas y en 216 se acordó el internamiento en un centro en régimen semiabierto. El internamiento en régimen cerrado fue una sanción residual, que se acordó sólo en 31 supuestos.