El grupo de ex prisioneros de conciencia cubanos que llegó a España la semana pasada ya no oculta sus molestias ante ciertas actitudes contradictorias del Gobierno español. Por un lado, el Ministerio de Exteriores intentó otorgarles la condición de «inmigrantes» con la excusa de que así podrían regresar a su país, aunque luego el gabinete de Miguel Ángel Moratinos aclaró que no contempló el estatus de refugiados políticos porque eso hubiese impedido a los disidentes expresar críticas al Gobierno cubano durante su destierro en España. Por otro, la firme voluntad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que la Unión Europea modifique la «Posición Común» ante el régimen de Fidel Castro es algo que ven sencillamente como una incoherencia.
Ayer al mediodía, diez de los once disidentes pidieron a los cancilleres europeos que mantengan la posición que condiciona la relación bilateral con la isla a avances en democracia y Derechos Humanos. «Conscientes de la voluntad manifiesta de algunos países europeos de modificar la Posición Común de la UE (...) declaramos nuestro desacuerdo con la aprobación de esta medida, por entender que el gobierno cubano no ha dado pasos que evidencien una clara decisión de avanzar hacia la democratización de nuestro país», explica el comunicado oficial.
Miedo al olvido
Tras la lectura de la petición, Ricardo González, corresponsal de «Reporteros Sin Fronteras», confesó que él y sus compañeros están dispuestos a viajar a Bruselas para enseñar a la Eurocámara una «visión total de la realidad». «Es necesario que se mantenga la posición común, no contra el pueblo de Cuba, sino contra el Gobierno de Cuba», concluyó.
Por su parte, el ex prisionero Julio César Gálvez declaró que se siente «engañado» por el Gobierno español. «Habíamos firmado delante de un funcionario de la Embajada española en La Habana unos compromisos», declaró. Según ese documento, el Gobierno se comprometió a ofrecerles orientación social, asesoramiento legal y ayuda económica. «El asesoramiento legal es lo primero que hemos dejado de recibir», denunció Gálvez, dando a entender que aún siguen sin saber sus derechos y condiciones en el país. Todos ellos temen caer en el desamparo, tal como le sucedió a Alejandro González. Liberado en 2008, llegó a España con la promesa de no ser olvidado por el Ejecutivo. Sin embargo, hoy subsiste gracias a una ayuda de la Comunidad de Madrid que él mismo pidió.
