Tras cuatro años de deliberaciones, recusaciones, presiones, amenazas, manipulaciones, filtraciones interesadas y un progresivo proceso de deterioro y desprestigio de la institución, el Tribunal Constitucional ha rubricado lo que jurídicamente era una evidencia desde el mismo momento en que el Estatuto catalán fue aprobado: que es parcialmente inconstitucional. Los riesgos de valorar un fallo del Tribunal Constitucional sin conocerse su literalidad son evidentes. Sin embargo, la aceptación por parte de la presidenta del TC, María Emilia Casas, del término “nación” en el preámbulo del texto con la salvedad expresa de que carece de validez jurídica, es la evidencia del fracaso de los impulsores del Estatuto.
Pretendían regular expresamente la configuración de Cataluña como una nación, y no pasaron de una estrambótica fórmula según la cual Cataluña “se define como nación”. Malabarismos del TC y veleidades nacionalistas aparte, es indudable que Cataluña no es una “nación”, defínase como se defina, por la sencilla razón de que jurídicamente no podrá alegarse ese argumento para ningún fin, ya sea en clave política, legislativa o social. En el TC ha primado la obsesión por concluir este mal sueño, pero lo ha hecho negando validez legal y constitucional a lo único para lo que los impulsores del texto querían reivindicarla: distinguir entre lo que Cataluña es –una nacionalidad- y lo que pretendía ser –una nación-.
Difícilmente el tripartito catalán o el Gobierno central podrán exhibir la sentencia como un éxito. Cualquier amago de euforia del PSOE será falso porque el recorte del Estatuto, en términos cualitativos, es relevante. El nacionalismo catalán amenazó con provocar una convulsión social si se revocaba un solo artículo. Ahora son unos cincuenta los que el TC o bien anula o bien reinterpreta, estableciendo límites estrictos para su aplicación. La ruptura de la Constitución por la vía de un Estatuto de autonomía ha sido conjurada. Tarde y mal, pero conjurada, lo que da la razón a quienes recurrieron un texto que no era ni inocente para Cataluña, ni inocuo para la unidad de España, ni impecable respecto a la Carta Magna.
