Nature arremete en su editorial contra la política científica en España

España no debería utilizar la recesión (económica) como una excusa para paralizar sus planes de incentivo a las iniciativas científicas.

Las pasadas dos décadas han visto cómo España se transformaba a sí misma de un suburbio científico a un respetado actor internacional en el mundo de la investigación. Mucho de ese progreso ha sucedido desde que el Partido Socialista llegó al poder en 2004, comprometiéndose a convertir a España en una economía basada en la innovación.

Durante el primer gobierno socialista, por ejemplo, duplicó el presupuesto para la Ciencia por encima de los 8.000 millones de euros, colocándolo en el 1,1% del Producto Interior Bruto del país y mucho más cerca de la media de la Unión Europea del 1,8%. El partido fue reelegido en 2008 y prometió recortar la burocracia y hacer crecer los fondos destinados a investigación hasta el 2% del PIB. Casi de inmediato, creó el Ministerio de Ciencia e Innovación, liberando por fin a la Ciencia del dominio del Ministerio de Educación. Cristina Garmendia, una bióloga molecular que ha fundado diversas y exitosas compañías de biotecnología, fue colocada al frente del nuevo ministerio.

Desde entonces, sin embargo, el impulso se ha perdido . Y la inexperiencia política de Garmendia ha quedado en evidencia. Ella fue lenta a la hora de construir un ministerio funcional, y no desarrolló la suficiente influencia política para convencer al Gobierno, que ahora forcejea con la recesión económica, de que compartiera su visión sobre la Ciencia.

Concedido, el gobierno ha reforzado su apoyo financiero a la incipiente biotecnología del país y a otras industrias de alta tecnología. Pero el borrador de su presupuesto para 2010, revelado en septiembre, propone un recorte del 45% a los fondos directos destinados a la investigación básica. La protesta de la comunidad de investigadores redujo el recorte a un 15%, y otro 2,8% extra para el Ministerio de Ciencia está previsto que surja durante los debates parlamentarios . Pero aún así sigue siendo un duro golpe para la base de investigadores del país.

Mientras tanto, el Gobierno está aún por redactar la tan anunciada ley de Ciencia. Que se suponía iba a crear una agencia independiente y a reformar el inflexible sistema nacional de contratación de investigadores, según el que profesores de universidad y científicos del Gobierno son empleados públicos con derecho automático a empleo hasta que se retiren. Las fechas para presentar la ley ante el Parlamento han sido fijadas y después retiradas, aparentemente debido a que una parte del Gobierno no quiere que los científicos queden excluídos de las normas que se aplican a otros empleados gubernamentales. Contratar nuevos investigadores sigue siendo un proceso lento y difícil, y es prácticamente imposible ofrecer un paquete salarial y unos fondos para la investigación que sean competitivos . El ministerio de Ciencia ahora dice que la ley, reformada, será llevada al Parlamento antes de finales de año, pero la comunidad científica está perdiendo su fe en que eso vaya a suceder.

A largo plazo, la industria sacará un flaco servicio del fracaso del desarrollo y mantenimiento de una base de investigadores fuerte y sólida . España es poco prudente al casarse con la idea simplista y pasada de que un país puede vivir de las transferencias de conocimiento al mismo tiempo que debilita al generador de ese conocimiento. Esa no es la forma de responder a la crisis financiera.

España haría mucho mejor en emular los compromisos asumidos el mes pasado por otras dos naciones europeas que también luchan contra la crisis económica. En Alemania , un país rico con una economía casi estancada, el Gobierno de centro derecha ha recortado el gasto público para 2010 en todas partes excepto en investigación y educación, a las que ha concedido un fuerte incremento. En Grecia , un país pobre con una economía en recesión, el Gobierno de centro izquierda dice que también recortará el gasto público en 2010 en todo menos en investigación y educación, a las que otorga un modesto incremento. Los gobiernos de ambos países también planean eliminar muchas de las trabas burocráticas que limitan la investigación.

España disfrutó de un gran periodo de brillantez intelectual a principios del siglo XIX, al que se refiere como su Edad de Plata. Hasta muy recientemente, los científicos españoles eran optimistas en cuanto al hecho de que se dirigían a una segunda Edad de Plata. Ahora bromean diciendo que España se dirige hacia una Edad de Bronce . Pero no se están riendo.