El Gobierno estudia prorrogar Garoña hasta 2013 como estrategia electoral

De paso, el presidente del Gobierno volvería a tener la decisión nuclear sobre la mesa de cara a las próximas elecciones generales de 2012 cuando podría sacar más rédito electoral del dictamen, y sumaría apoyos en la próxima y complicada votación de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. No en vano, CiU ha reclamado el funcionamiento de Garoña hasta 2013 como condición para apoyar las cuentas públicas del próximo ejercicio, que ayer fueron rechazadas por el Senado.

Esta solución, que pretende ser salomónica, contaba ayer con el respaldo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de los asesores del presidente José Enrique Serrano, Javier Vallés y Bernardino León, entre otros, así como de buena parte del aparato socialista. De hecho, esta nueva vía no vulnera, o así lo entendían ayer en Ferraz, el programa electoral del PSOE en el que se refleja el «compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear» y el cierre de las centrales atómicas españolas «al final de su vida útil». El primer precepto sería respetado con la citada prórroga temporal, mientras que el segundo quedaría resuelto con la imposición de condiciones ya que, según ha definido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la vida útil de una central nuclear es el «periodo durante el cual una central puede ser operada cumpliendo las exigencias de seguridad impuestas en su autorización y siendo económica rentable».

En este sentido, si finalmente Zapatero acepta mantener la central burgalesa hasta 2013, la planta tendrá que realizar mejoras en el aislamiento de la contención, en la independencia de los sistemas eléctricos y en la protección contra incendios. Estas mejoras, una vez realizadas, necesitarán recibir la apreciación favorable del CSN.

Los propietarios de Garoña, además, tendrían que cumplir distintas obligaciones de información, entre otras, sobre los movimientos de los residuos radiactivos, gestión de la central y programas de mejora de la central.

La prórroga temporal por cuatro años fue uno de los escenarios temporales cuyo análisis encargó el Gobierno al CSN de forma adicional, una vez que el organismo que preside Carmen Martínez Ten había emitido su resolución favorable a conceder a Garoña una prórroga por diez años.