Imputación bajo sospecha

Lo que está en juego es la impunidad de la arbitrariedad con la que se está queriendo dañar a toda costa al Partido Popular

20/02/2009 a las 10:57h.

EL rotundo desmentido del presidente valenciano, Francisco Camps, a los hechos que, según el Ministerio Fiscal, lo implican con la trama de negocios ilícitos dirigida por Francisco Correa -un supuesto y peculiar cohecho consistente en pagarle trajes- obliga a poner en cuestión la seriedad con ... la que la Fiscalía está valorando los indicios recabados en este confuso asunto. Al parecer, el origen de esta endeble sospecha de la Fiscalía se basa en lo que dijo una imputada, por conocimiento indirecto, en una conversación telefónica intervenida. Al parecer, después, esa imputada desmintió ante el juez Garzón haber hecho esa afirmación. En todo caso, resulta una temeridad que un indicio obtenido así -un testimonio de referencia, en una grabación cuya legalidad habrá que confirmar, vistos los antecedentes en los que estas pruebas han sido anuladas- sea suficiente para lanzar una imputación contra el presidente de la Comunidad Valenciana. Faltan más datos para llegar a la dimensión real de cómo están actuando la Fiscalía y el juez instructor. Por ejemplo, falta saber desde cuándo consta en el sumario esa grabación, porque resulta burda la coincidencia en la publicidad de estas investigaciones con el período electoral. Y también es escandalosa la comparación entre esta imputación insolvente y los remilgos garantistas que exhibió la Fiscalía para no solicitar a tiempo la ilegalización de ANV, por citar un ejemplo. Hay más.

Hasta ahora, lo que se sabe es que hay relaciones aparentemente ilícitas entre la trama de Francisco Correa y muy contados cargos del Partido Popular y que, de lo conocido sobre la investigación, ni hay un montaje de corrupción en este partido, ni menos aún rastro de financiación ilegal. No es la Filesa de Aznar -objetivo último de muchos entusiastas de este sumario- ni de Rajoy. Sí está acreditado que se ha investigado a aforados por un instructor que carece de competencia para hacerlo y que, pese a insinuarlo con reiteración, lo cierto es que no termina de inhibirse. Sin embargo, pese a la parquedad de resultados, la dosificación de informaciones y el secretismo del que se benefician el instructor y el Ministerio Fiscal están contribuyendo a crear una apariencia de corrupción generalizada en el PP.

Las quejas y las denuncias de los populares están justificadas y, aunque lo pretendieran, no ocultarán las vinculaciones que pudieran existir entre algunos de sus cargos y la trama investigada. Este no es el problema, sino la continuidad del Estado como un Estado de Derecho. Lo que está en juego no es la impunidad de la corrupción, castigada antes o después. Es la impunidad de la arbitrariedad con la que se está queriendo dañar a toda costa al PP, utilizando para este fin los instrumentos que el Estado de Derecho debe destinar a combatir el delito, no a la oposición democrática. No es casual que esta oportuna actuación combinada de la Fiscalía y del juez Garzón se centre en las plazas fuertes del PP -Madrid y Valencia- y en medio de un proceso electoral. La agresión al Estado de Derecho debe encontrar una justa respuesta política y social, que propicie un alto nivel de exigencia en las responsabilidades de aquellos jueces y fiscales que imputan con ligereza a personas que -sean del partido que sean- son luego exoneradas de toda culpa, y que, a la larga, terminan siendo víctimas indefensas de juicios paralelos. Ya es momento de pedir cuentas por cómo se está aplicando justicia en España.