Zapatero puede disolver ya los consistorios de ANV si aplica la ley de régimen local

El Gobierno y sólo el Gobierno tiene un recurso para desmontar el poder en los ayuntamientos que prefiere no activar. Es el artículo 61 de la ley de bases de régimen local que le faculta para disolver los consistorios que atenten gravemente contra el interés general. Fue incluido por el PP, con el apoyo del PSOE en los tiempos del Pacto Antiterrorista. Dirigentes del PP y del Foro Ermua recordaron ayer que es el mejor homenaje que se puede hacer al último asesinado y lo que más dañaría a la banda.

«Procedimiento complejo»

Hasta ahora, el Gobierno ha dado largas al asunto. Considera que es un procedimiento muy complejo y que conviene esperar a que pasen las elecciones autonómicas del próximo año, pero el texto es muy claro. «El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». Además, se especifica que se consideran «decisiones gravemente dañosas para los intereses generales» dar cobertura al terrorismo, enaltecerlo, justificarlo o humillar a las víctimas.

Mociones fallidas

ANV gobierna en 43 ayuntamientos vascos sin que las fuerzas democráticas hayan sido capaces de aunar fuerzas a través de mociones de censura viables. Primero, por los remilgos del PNV, que convenció al PSE de sustituir la censura por las llamadas «mociones éticas», y después por los bandazos de formaciones minoritarias que provocaron que no saliera adelante ni siquiera esa fórmula «light». Así se vivieron episodios frustrantes en pueblos como Mondragón y Hernani (donde fue IU-EB quien hizo el juego a los batasunos) y después en Vergara, enclave en el que desbarró Aralar.

Ahora, además, esos ayuntamientos que amparan el terrorismo (ayer se volvió a comprobar que no se distancian de ETA) recibirán, junto a las subvenciones ordinarias, otros 2,4 millones de euros del fondo de 8.000 millones habilitado por el Gobierno para luchar contra el paro en el ámbito municipal. En concreto, Azpeitia se encuentra entre los más beneficiados y recibirá dos millones de euros.

En esa localidad, que, a diferencia de otros tradicionales «feudos», nunca había sido gobernada por Batasuna hasta esta legislatura, en realidad ganó los comicios el PNV, que obtuvo 8 concejales. Sin embargo, el agrio enfrentamiento «doméstico» entre el PNV y EA (que logró dos ediles), desembocó en un desquiciado acuerdo de ANV (6 concejales) con EA y Aralar. Esa esquizofrenia letal se quebró necesariamente ayer, y Eusko Alkartasuna anunció que se marcha del gobierno local, decisión para la cual ha necesitado que sea asesinado un vecino del pueblo. A última hora de la noche, Aralar no había decidido aún qué hacer. La nueva situación ya se puso en evidencia a la hora de los comunicados de condena: finalmente, el Consistorio aprobó el propuesto por el PNV, con apoyo de EA y Aralar, en tanto que ANV se quedó solo con el suyo, una soflama repugnante en la que se dice que «lo sucedido aumenta la necesidad de resolver el conflicto».

Apoyo al empresariado

El texto finalmente aprobado tiene otro tono y recoge que «en nombre de todos los vecinos de la localidad» su «más rotundo rechazo y condena» de asesinato. Además de expresar su solidaridad y pésame a los familiares, los tres partidos muestran «apoyo inequívoco» a todo el empresariado vasco «en estos momentos de tanto dolor», por lo que exigen a ETA «que abandone de manera definitiva el camino de la violencia y de las armas».