Derecho a Vivir advierte al Gobierno de que una ley de plazos «sería inconstitucional»

Así, Derecho a Vivir considera que la ley de plazos es una vía "inadecuada" y que "no prosperará", aunque mostró su preocupación ante la posibilidad de una futura sentencia del TC que "no fuese coherente con su doctrina".

En este sentido, denuncia que los trabajos de la subcomisión sobre aborto del Congreso "parecen encaminarse a dotar de mayor facilidad a las prácticas abortistas, lo que se reviste del argumento de la necesidad de dotar de más 'seguridad jurídica' tanto a las embarazadas como a los centros dedicados a estas actividades".

Para DAV, el detonante que motivó la iniciativa de crear la subcomisión "no ha sido la necesidad de proteger la vida del no nacido a la vista de las prácticas realizadas en esas clínicas, tal como enseñan las investigaciones judiciales".

La portavoz de la iniciativa, Gádor Joya, criticó que uno de los ponentes en el Congreso sea el presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator y acusó al Gobierno de "hacerle el juego a los negociantes del aborto". Así, dijo que "las personas implicadas en este negocio" no van a expresarse "con objetividad, ya que les va el negocio en ello".

Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, añadió que los grandes beneficiados de una ley de plazos "no van a ser las mujeres ni los niños, sino los empresarios del aborto" y acusó al Gobierno de "maltratar" a las asociaciones que ayudan a la mujer embarazada.

Tras presentar el avance del dictamen jurídico, los miembros de Derecho a Vivir se acercaron al Congreso de los Diputados para entregar a la subcomisión este texto. En palabras de Arsuaga, su objetivo es "generar opinión y debate".