Colombia frente al terrorismo
LOS terroristas de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido el enésimo duro golpe en lo que va de año. Durante el acoso del Ejército colombiano a un campamento de la organización, el ex congresista Óscar Tulio Lizcano pudo huir en compañía ... y con la ayuda de uno de sus captores. La imagen de la liberación de Ingrid Betancourt ha vuelto a la mente de todos, mas lo cierto es que esta liberación es en realidad comparable a la de Fernando Araujo Perdomo, en su día ministro del Gobierno de Andrés Pastrana, que fue secuestrado en Cartagena de Indias y pasó seis años en manos de sus captores antes de huir en circunstancias casi idénticas a las vividas ahora por Lizcano: asedio del Ejército al campamento y huida por la selva durante días. La gran diferencia fue que Araujo no contó con la ayuda de ningún captor. La cooperación de un secuestrador es también un dato muy relevante. La política de incentivar deserciones por parte del Gobierno de Álvaro Uribe empieza a dar frutos concretos. Ahora hay un secuestrado menos con el que chantajear a la democracia colombiana y un terrorista menos en la selva, que va a vivir en Francia un proceso de reeducación para integrarlo en la sociedad colombiana, mientras es protegido de las posibles represalias de sus ex compañeros de armas. Cabe preguntar aquí por qué ese proceso de proteger a los desertores de las FARC se lleva a cabo en Francia y no en España. Quizás el papel español pudiera ser más relevante.
La cuestión ahora es hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando a ver una solidaridad efectiva por parte de otros países de la región, hasta cuándo seguirá el Gobierno colombiano luchando contra esta plaga terrorista y en buena medida narcotraficante, sin contar en su combate con la solidaridad verdadera de países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia. A todos ellos les preocupó mucho más -este mismo año- los tecnicismos diplomáticos respecto al lugar preciso en que fue capturado el ordenador del terrorista Raúl Reyes, que el deslumbrante alegato anti FARC que representó la información contenida en el ordenador.
La Cumbre Iberoamericana que se inaugura dentro de unas horas en El Salvador demostrará al mundo que esta cita anual tiene algún sentido si los jefes de Estado y de Gobierno allí congregados son capaces de acordar unánimemente una condena sin matices del grupo terrorista al que el Gobierno colombiano combate hoy casi en solitario. Y el Ejecutivo español, que paga la parte más sustancial del presupuesto de la Secretaría General Iberoamericana que organiza estos encuentros, tiene la obligación moral de liderar una postura de firmeza no sólo contra las FARC, sino contra los gobiernos democráticos que dan tácito amparo a las actuaciones de este grupo terrorista.
Éste ha sido un año de gloria para el presidente Uribe y para toda Colombia. En cuestión de semanas dejó a las FARC en estado comatoso, extraditó a Estados Unidos a una docena de los peores asesinos de la historia de Colombia y llevó al país a las mayores tasas de crecimiento económico en décadas. Pero todos estos éxitos y en particular sus fabulosos logros en materia de seguridad ciudadana, fruto del escenario surgido de la Presidencia de Andrés Pastrana, pueden quedar ensombrecidos si el presidente Uribe no es capaz de dejar claramente definido el futuro de la democracia colombiana. En estos días Álvaro Uribe no ha querido desmentir la posibilidad de que vuelva a promover una reforma de la Constitución en beneficio propio con el objetivo de ser candidato a la Presidencia por tercera vez. Grave error sería ese. La fuerza de Colombia frente a los vecinos ya mencionados en estas líneas está en la solidez de su democracia. Si empieza a trapichear con las reglas de juego, perderá legitimidad para exigir de la comunidad internacional la debida solidaridad con Colombia.
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